Catedrática de Derecho administrativo en la Universidad de León, Mercedes Fuertes ha escrito numerosas monografías sobre la realidad de las administraciones españolas. Varias de ellas firmadas junto al también catedrático y exeurodiputado Francisco Sosa Wagner, académico de honor de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, con quien está casada. La experiencia y conocimiento de Fuertes la han llevado a, entre clase y clase online con sus alumnos, analizar la gestión que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez del estado de alarma, con la que se muestra muy crítica. Su opinión, muy valorada, no ha pasado desapercibida en medios nacionales.
- Usted dice que la población española está viviendo un estado de excepción disfrazado de estado de alarma.
-A mi juicio, sí. Porque se están viendo afectados de manera muy intensa derechos fundamentales básicos en una sociedad democrática.
- ¿Cuál es la diferencia básica entre ambos?
-El Gobierno puede declarar el estado de alarma y solo sus prórrogas necesitan la autorización del Congreso de los Diputados. El estado de excepción siempre exige la intervención parlamentaria.
- ¿Debería haberse decretado el estado de excepción?
-Al ser las medidas tan drásticas en relación con las libertades -de circulación, reunión, manifestación, etc..- se hubiera respetado más adecuadamente el orden constitucional y la participación del Congreso de los Diputados.
- ¿Por qué cree que el Gobierno no se atrevió a ello?
-No es que no se atreviera, es que simplemente le resultó más cómodo prescindir de la oposición al declarar por primera vez la situación de alarma.
- ¿Se están vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos sin las debidas garantías?
-Ya he señalado que, a mi juicio, el derecho de circulación y movimientos de las personas se ha visto muy gravemente afectado con situaciones extravagantes, como el hecho de que a los perros se les permite lo que no se permite a las personas, sean niños, ancianos o ciudadanos de cualquier edad.
- ¿Debería mantenerse la labor de la oposición en el Parlamento?
-Hemos vivido cómo, inicialmente, en el estado de alarma se suspendieron las actividades parlamentarias, algo absolutamente inadmisible, porque, cuando estamos trabajando a través de internet tantísimos españoles, resulta que la presidenta del Congreso entendió que la labor de los parlamentarios no era necesaria...
- ¿Deben ser críticos con el gobierno los partidos de la oposición, como es habitual en democracia, o, por el contrario, deben facilitar la unidad nacional por la excepcionalidad de la situación?
-Los partidos actuales de la oposición se están comportando con especial respeto hacia la labor del Ejecutivo, lo que no ocurrió en ocasiones que tenemos todos en la memoria cuando el partido en el poder no era el socialista: con el atentado de Atocha, la crisis del ébola, la crisis del Prestige...
- ¿Estaba preparada España para vivir un estado de alarma o excepción?
-Los españoles estamos dando muestras de gran paciencia y disciplina.
- Usted es profesora. ¿Qué nota le pone al Gobierno en la aplicación de algo tan excepcional?
-Los profesores ponemos nota solamente a nuestros alumnos y a los políticos les valoramos atendiendo a sus actuaciones. Este, por sus graves retrasos y negligencias, tendrá que dar muchas explicaciones cuando todo esto pase.
- ¿Qué consecuencias legales y políticas puede haber si es cierto que, como dice usted, el Gobierno está incumpliendo con el marco constitucional?
-Desde un punto de vista político se ha perdido una oportunidad para que las fuerzas constitucionales, tras una deliberación parlamentaria, dieran muestras de una lealtad institucional que se echa en falta. Desde un punto de vista jurídico es pronto para advertir las posibles consecuencias.
- ¿Pero puede llegar a intervenir el Tribunal Constitucional?
-Por las noticias que llegan relativas a grupos de abogados que se están personando en algunos procesos, no sería descartable que los jueces suscitaran ante el Tribunal Constitucional alguna cuestión.
- ¿Se ha visto con esta crisis las debilidades de la descentralización total de ciertos servicios fundamentales?
-Hemos mostrado muchas debilidades de la Administración del Estado y, en especial, del Ministerio de Sanidad al querer dirigir muchos procedimientos administrativos sin suficientes funcionarios. Así como la insolidaridad de algunas administraciones regionales que, en manos de separatistas, siguen insistiendo en lo único que parece tener interés: su tribu. Por cierto, en Asturias uno de los presidentes, Juan Luis Rodríguez Vigil, tiene escrito un magnífico libro sobre "Crisis y desmoronamiento de la sanidad pública ".
- Se está hablando mucho de otro derecho, el derecho a la información. Han corrido ríos de tinta con las preguntas de la encuesta del CIS y el tema de la lucha contra los bulos. ¿Le preocupan las manifestaciones hechas desde el Gobierno en este sentido?
-Es uno de los asuntos que más me preocupan. Sin respetar la libertad de información, padece mucho la sociedad abierta y democrática. Los periodistas saben bien de las restricciones que la Presidencia del Gobierno ha puesto al derecho a preguntar en las ruedas de prensa, algo verdaderamente insólito porque nadie imagina a la canciller alemana o al presidente francés permitiéndose el lujo de censurar preguntas en sus comparecencias.
- ¿Qué importancia tiene el derecho a la libre información y su protección dentro de una situación excepcional como ésta?
-El derecho a la libre información es clave. El primer presupuesto para combatir una pandemia es contar con información, con datos y conocimiento... Si eso se falsea, se restringe, y se puede perder la confianza de la ciudadanía, que es la base de la convivencia. Quienes semanalmente comparecen en nombre del Gobierno no siempre han estado a la altura.
