"Estamos trabajando ya en ello". El mensaje en privado del Gobierno resulta inequívoco. La Moncloa todavía espera que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rectifique y apruebe medidas más duras para frenar la extensión del virus en la comunidad, pero ya se prepara para "tomar el control" frente a la pandemia en la autonomía. De momento, el Ejecutivo quiere dejar pasar unos días, ver la evolución de los datos e intentar evitar un choque frontal entre ambas administraciones, pero no piensa dar mucho más margen.
Por un lado, en público, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, emplazó ayer a Ayuso a que "revise sus decisiones" y "siga el criterio de la comunidad científica", que también defiende iniciativas más contundentes. "Madrid nos preocupa mucho. Está en una situación de serio riesgo sanitario para sus ciudadanos y los de las comunidades limítrofes", dijo desde Barcelona.
Por otro, el Ejecutivo estudia ya qué decisiones tomar en el caso de que la presidenta madrileña continúe sin extender el confinamiento a toda la capital y los municipios con una incidencia acumulada en 14 días por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes, el doble de la media española. La hipótesis de una intervención se acerca cada día. En todo caso, salvo cambios de última hora, el encargado de comunicar la decisión no sería Illa, sino el presidente, Pedro Sánchez.
Se contemplan varias posibilidades. Una de ellas, más suave, pasa por la aplicación de la ley general de Salud Pública, cuyo artículo 52.3 faculta al Gobierno a adoptar "cuantas medidas de intervención especial resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud de la población, y siempre que la evidencia científica disponible así lo acredite".
El Gobierno considera que los requisitos que fija la ley se cumplen de sobra en Madrid. Pero al mismo tiempo, la Moncloa tampoco descarta volver a pedir la declaración del estado de alarma para aplicarlo a la autonomía, algo que podría hacer sin necesidad de la autorización del Congreso, aunque debería pasar después por la Cámara baja si quiere prorrogar el régimen excepcional, transcurridos 15 días.
Quedaría otra vía: aplicar el decreto de nueva normalidad, del 9 de junio. "Cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o adoptará de acuerdo con sus competencias cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto-ley, con la colaboración de las comunidades", señala su artículo 3. El Gobierno no necesita un acuerdo previo si opta por esta posibilidad, pero después debería llevar la decisión al Consejo Interterritorial.
"Estamos estudiando el tema en profundidad, mientras esperamos que Madrid revise sus medidas. Hay muchas posibilidades de reacción y ninguna está descartada", sostienen fuentes del Ejecutivo, que indican que "llegados a este punto, viendo cómo se las gasta Madrid", el Gobierno "hará lo que tenga que hacer".
"Esto no puede aguantar mucho más", subraya un alto cargo de la Moncloa. Distintos interlocutores del Gobierno y del PSOE, que a su vez están en contacto con Illa y han podido constatar su enorme irritación con Ayuso -una actitud muy elocuente, por el carácter templado del ministro-, insisten en que el ambiente de intervención es inequívoco, y hasta se duda de que se pueda esperar hasta el viernes, porque la situación epidemiológica en Madrid es muy grave.
"Justo el marco mental de la comunidad, su idea de que hay que actuar semana a semana o de 14 días en 14 días, es el que queremos atacar. Ya les dijimos que no se podía esperar una semana más. El lunes próximo se cumplirán siete días desde la entrada en vigor de sus primeras medidas [en 37 zonas básicas de salud] y los números son los que son", señalan en Sanidad. La incidencia acumulada en Madrid, según el último informe del departamento, es de 721 positivos por 100.000 habitantes. Una semana antes, era de 682.
Un ministro apunta que, más allá de la batalla política entre las dos administraciones, los ciudadanos demandan soluciones y esperan una respuesta. El Gobierno central, explica, no se puede "inhibir". Lo ideal sería "parar el reloj y atornillarse a la mesa para buscar un acuerdo", pero si no es posible habrá que intervenir, razona.
En el Gobierno están convencidos, además, de que el coste político de adoptar medidas muy duras no será alto. Apuntan que el clima es favorable, porque "Ayuso está muerta políticamente" y la comunidad científica presiona a favor de mayores limitaciones. Desde el PP, mientras tanto, ya se carga contra la aplicación de "un artículo 155 sanitario". El líder del PP, Pablo Casado, acusó al Gobierno de fijarse como "primera tarea" el "ataque a las comunidades".
En medio de la controversia entre ambos gobiernos, ayer se produjo la dimisión de Emilio Bouza, catedrático de Microbiología jubilado y ex jefe del servicio de esa especialidad en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, como portavoz del Grupo Covid, el punto de encuentro que habían acordado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el pasado miércoles.
"Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento", explicó el médico en una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al consejero Enrique Escudero.
Sobre la oferta que recibió de los dos gobiernos para ser puente y portavoz de su coordinación, Bouza dice en su carta: "Creí en lo que se prometía y acepté, al percibir la demanda como una obligación y como un deber para mi comunidad y mi nación". Bouza se despide del ministro y del consejero explicándoles: "Estoy al servicio de la salud, pero sencillamente, he podido comprender que ese no es mi puesto en las actuales circunstancias".
Figuras de la profesión médica cercanas a Bouza conocían desde el viernes su intención de dimitir, después de que, a las 24 horas de su nombramiento, y antes de que pudiera tomar contacto con todos los técnicos de la comisión bilateral, los dos gobiernos divergieran de la abrupta manera con que lo hicieron el viernes.
