Finalmente, no habrá intervención del Gobierno central. La Comunidad de Madrid se libra de la toma de control sanitario gracias a un acuerdo de mínimos alcanzado con el Ministerio de Sanidad tras la última reunión del Grupo Covid-19, el órgano de cooperación reforzada que pactaron hace una semana Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso.
Con el encuentro de ayer por la tarde, las dos administraciones evitan el choque a través de un pacto "in extremis" que se compone de dos puntos básicos. Uno, que los municipios de más de 100.000 habitantes -caso de la capital o las grandes ciudades que la circundan, como Alcorcón, Getafe, Móstoles, Parla o Fuenlabrada-, se rijan según un criterio "homogéneo" que se aplicará en la Comunidad de Madrid y en el resto de España. Es decir, que el abordaje para la contención del virus en las ciudades más pobladas del país se conducirá según criterios comunes.
Dos, que para los municipios de menos de 100.000 habitantes serán las comunidades las que tomen la decisión sobre las posibles restricciones atendiendo a las normativas y los protocolos en el ámbito estatal.
La aplicación "efectiva" de estos criterios, adelantaron fuentes conocedoras del contenido de la cita presidida por el ministro Salvador Illa y el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, queda sujeta al protocolo que se apruebe en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se reúne hoy. Además, el Gobierno central trasladó a la Comunidad de Madrid el "cumplimiento de las peticiones realizadas la semana pasada en materia de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército". El ministro explicó posteriormente desde la Moncloa, en rueda de prensa, que lo que propondrá al CISNS es una actuación coordinada en materia de salud pública, que hará que se adopten medidas de limitación de movilidad y de los contactos sociales, restricción de aforos y de contactos sociales, recorte de horarios de apertura y cierre y refuerzo de las capacidades de distintas comunidades autonómicas.
¿Dónde se aplicarán estas medidas? Allí donde se supere el umbral de incidencia acumulada de 500 contagios por 100.000 habitantes en los últimos días, un índice de positividad superior al 20% y una ocupación de UCI superior al 35%. Illa entiende que esa actuación coordinada será aceptada por los consejeros en la cita de hoy miércoles, porque ya ha contactado con ellos y ha podido pulsar su predisposición favorable.
El Ejecutivo y Madrid, pues, llegan a un punto de consenso después de días de fricciones intensas. El Gobierno, de hecho, había advertido a Ayuso de que si no atendía sus recomendaciones para frenar la propagación del virus en la región -confinar Madrid capital, recortar el aforo de las terrazas al 50% y prohibir el consumo en barra en toda la región, y limitar la movilidad a lo estrictamente esencial- podría adoptar medidas mucho más severas. Hasta la intervención. Illa empleó el tono más duro el sábado. La toma del control estaba encima de la mesa.
Como en todo armisticio, las dos partes ceden. Sanidad logra que sus orientaciones sean atendidas y de manera urgente, mientras que Ayuso logra que haya criterios compartidos para toda España. La presidenta madrileña se quejaba de que Madrid era discriminada por el Gobierno, ya que Navarra también registra una incidencia acumulada superior a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos días y, sin embargo, no era presionada para adoptar más medidas.
El Gobierno ha autorizado que las comunidades autónomas puedan contratar de forma excepcional a personal sanitario extracomunitario o que no haya conseguido plaza en la pasada convocatoria de MIR, lo que supondría unos 10.000 profesionales para aliviar la sobrecarga de la Sanidad Pública.
El Gonsejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-Ley que recoge la posibilidad de que se pueda contratar a aquellos profesionales que cuentan con el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente pero carecen del título de especialista reconocido. Así, las comunidades podrán contratar a quienes hayan realizado las pruebas selectivas de formación sanitaria especializada en la convocatoria 2019-2020, que han superado la puntuación mínima pero no han conseguido plaza.
El Ministerio de Sanidad indicó se podrá contratar a los sanitarios extracomunitarios siempre que el Comité de Evaluación haya emitido el informe propuesto, es decir que esté en primera fase de tramitación del expediente.
Según el Gobierno, el número de profesionales sanitarios facultativos que podrían ser contratados con esta normativa es de 10.000.
En concreto, en el ámbito de la Medicina son 4.557 los profesionales que realizaron las pruebas selectivas de la formación sanitaria especializada que no tienen plaza.
Otras titulaciones que optaban a perfiles facultativos fueron Psicología con 2.802 profesionales, Farmacia con 917 profesionales, Biología con 557, Química con 161 y Física con 93.
Por otro lado, el número de profesionales extracomunitarios que se pueden contratar asciende a 234. De ellos, 153 están pendientes de realización de prácticas.
