Las cifras ponen los pelos de punta: 44 muertos (algunos de ellos menores) y 350 desaparecidos. Ése es el resultado de un deslizamiento de tierra que el pasado jueves tapó de golpe un pueblo cercano a la capital de Guatemala. La portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera, indicó ayer que del total de víctimas mortales sólo han podido ser identificadas veinte. La dificultad del operativo se debe, según precisó Barrera, a que sólo quedan restos de gran parte de los fallecidos. Por eso, las autoridades del país hicieron un llamamiento a los afectados para que se pusiesen cuanto antes en contacto con el gobierno. Las lluvias obligaron a suspender los trabajos de rescate el viernes, que fueron reanudados a primera hora de ayer con una participación masiva de los vecinos. Hasta la colonia El Cambray II, situado a veinte kilómetros de la capital, se desplazaron centenares de personas dispuestas a remover sin parar la tierra con tal de rescatar a familiares, amigos o conocidos.

Tras el grave accidente, el presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, dijo en una rueda de prensa que "la prioridad" es rescatar al mayor número posible de personas con vida en el área damnificada, de unos 169 metros. El mandatario tildó de "suceso desafortunado" este deslizamiento que se produjo a causa de las copiosas lluvias de los últimos días. El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) e hijo del presidente, también llamado Alejandro Maldonado, agregó que esta tragedia, de la que el número de muertos probablemente sea "mayor", tiene como consecuencia una "combinación de factores" que se han dado en esa área, ya declarada de riesgo en 2008 por la institución que representa.

La Conred, por medidas de seguridad, ha prohibido el acceso a la "zona cero" de cualquier persona que no esté autorizada, y reiteró que el país tiene "la capacidad" para hacer frente a este suceso. Tras más de un día de trabajo, hoy finaliza el plazo de 72 horas de búsqueda establecido en el protocolo internacional. Aunque la decisión de continuar depende de todas las instituciones implicadas, Maldonado asegura que se inclina a pensar que los equipos van "a continuar". De forma paralela, la institución estatal, que declaró el viernes alerta naranja a nivel nacional y roja a nivel municipal, continúa intentando desalojar de sus viviendas a la población próxima a la colonia afectada que pudiera estar en peligro.

El portavoz de la Conred, David de León, reconoció ayer que la situación "se podría haber evitado" y achacó el fatídico desenlace a una "responsabilidad compartida" de instituciones, que no cumplen el Plan de Ordenamiento Territorial, y la propia población, que no atiende a las recomendaciones que alertan del riesgo que supone construir viviendas en barrancos o laderas. Según De León, el deslizamiento de tierra se podría haber producido en cualquier lugar, ya que solo en el área metropolitana de Guatemala hay 232 asentamientos considerados "de riesgo", al estar ubicados en laderas o barrancos, y se calcula que en ellos viven unas 300.000 personas. "Guatemala vive una migración interna hacia la capital invade los terrenos que encuentra", concluyó.