-¿Se intervinieron teléfonos de forma irregular?

-No.

Los abogados defensores de la supuesta organización de narcotraficantes asturianos y gallegos que operaba desde Carraspientes (Mieres) enfocaron ayer sus preguntas a los agentes de la Guardia Civil que desmantelaron a la banda a un objetivo prioritario: hacer valer su tesis de que parte de las escuchas fueron realizadas sin la autorización del juez y, por lo tanto, deben ser anuladas.

La otra línea de defensa de algunos letrados consistió en negar la "capacidad de decisión" de sus defendidos. La vista oral se reanudará a las 10.30 horas de esta mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias.

En la jornada de ayer prestaron declaración, en calidad de testigos, varios efectivos de la Guardia Civil que participaron a diversos niveles en la "operación Petra". En sus respuestas negaron cualquier irregularidad en el proceso. A juicio de la Benemérita, la investigación apunta a J. A. P. F. como jefe de la organización en Asturias, mientras que D. C. lo era de los gallegos. El momento culminante desembocó en la incautación, el 11 de octubre de 2015, de más de siete kilos de cocaína, armas, coches y una bolsa con 245.900 euros que enterraron a 400 metros de una vivienda de la localidad mierense.

En esa intervención fueron detenidos J. A. P. F. y su "segundo", J. P. F. (al que la Guardia Civil considera un "mero intermediario"), quienes trataron de huir por una pista cuyo mal estado les obligó a abandonar el vehículo y continuar a pie, dejando atrás una máquina de contar dinero.

Las conversaciones mantenidas entre los presuntos integrantes de la supuesta red de narcotraficantes fueron claves para su desmantelamiento. Ayer, una vez más, los abogados se esforzaron en intentar demostrar que las escuchas deberían ser anuladas porque los "pinchazos" de los teléfonos se iniciaron sin autorización judicial. Este extremo ya había sido refutado en la anterior sesión por el inspector instructor de las investigaciones.

Los responsables de la "operación Petra" indicaron que esta tuvo su origen "en los canales internos de comunicación de la Guardia Civil", ante hechos llamativos como que alguno de los acusados "no tenía trabajo y, sin embargo, usaba varios vehículos, ninguno de ellos a su nombre".