1978, ¿lo recuerdan? Fue el año de "Some Girls" de Rolling Stones, "Excitable Boy" de Warren Zevon y "Street Legal" de Bob Dylan. Nació Louis Joy Brown, el primer bebé probeta, y en España, con la democracia recién estrenada, la mayoría de edad fue rebajada de los 21 a los 18 años.
El 6 de noviembre fue aprobada de forma amplia, mediante referéndum, la actual Constitución Española. Cataluña, hoy en el candelero, aprobó el texto con un 90,46% de sufragios afirmativos y una abstención del 32,09%. Con anterioridad, el último día de octubre, el Congreso y el Senado refrendaron de forma mayoritaria la Carta Magna. En la Cámara Baja, la votación rindió 325 votos a favor, 14 abstenciones (Partido Nacionalista Vasco, 3 diputados de la extinta Alianza Popular y Heribert Barrera, único representante de Esquerra Republicana de Cataluña) y 6 en contra (5 de AP, junto a Francisco Letamendía de Euskadiko Ezkerra).
Han transcurrido casi cuatro décadas y la ilusión con la que apoyamos la nueva Constitución se ha ido diluyendo debido a que muchos de sus artículos básicos han quedado en papel mojado. España está troceada en 17 reinos de taifas, la rojigualda es el desencadenante de un sarpullido para demasiadas personas y el gasto para mantener los parlamentos, gobiernos autonómicos y cargos de confianza, no está en consonancia con la capacidad que demuestran para resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía.
Referente a la bandera tenemos un buen ejemplo a seguir en Nueva Zelanda, país que celebró recientemente dos referéndums sobre su enseña. En el primero, año 2015, los neozelandeses eligieron un modelo de nueva bandera entre varias propuestas presentadas. En 2016, confrontaron la bandera vencedora del año anterior con la vigente, ganando ésta última.
En varias autonomías, el menosprecio del castellano en favor de sus lenguas regionales ha consolidado un statu quo kafkiano. Aquí en Asturias, los escritores y músicos que escriben en asturiano pueden acceder a subvenciones, sin que exista una partida destinada para los que lo hagan en español. Esto se llama discriminación. En el ámbito educativo, los gobernantes de nuestra taifa ofrecen únicamente dos opciones a los niños de Educación Primaria para elegir su asignatura optativa: Cultura asturiana y Bable, como si éste les sirviera para manejarse en el mundo globalizado que les tocará vivir. Y todavía ciertos grupos políticos, en lugar de destinar esfuerzos y presupuesto a los temas que demanda la sociedad asturiana, quieren empaquetarnos la cooficialidad.
En otros lugares, exigen a cualquier opositor español que pierda el tiempo aprendiendo la lengua de turno, de manera que, por ejemplo, un médico no es valorado exclusivamente por sus conocimientos en medicina. A varias administraciones autonómicas no les importa de forma prioritaria el nivel de un facultativo para realizar diagnósticos precisos y pautar tratamientos adecuados, anteponen que el médico comunique los mismos al paciente en gallego, catalán o euskera. Discriminación en el absurdo.
Las lenguas regionales han sido empleadas como arma política, como eficaz disolvente del Estado a través del proceso educativo. En una reciente y soberbia intervención parlamentaria, el diputado de Cs Toni Cantó denunció con irrefutables ejemplos y argumentos el lavado de cerebro que sufren en el colegio los niños y adolescentes de tierras catalanas. Véanlo en Internet, merece la pena. Cantó recibió los aplausos de su grupo y un corte de manga de la diputada del PdeCat Lourdes Ciuró, una señora que percibe una asignación básica de 2.842 euros al mes en 14 pagas, otros 1.056 euros mensuales como portavoz de varias comisiones y, al ser diputada por la circunscripción de Barcelona, también cobra la indemnización para gastos de manutención y alojamiento: 14 pagas de 1.842 euros, libres de impuestos. En total, unos 5.740 euros al mes, corte de manga incluido.
Si seguimos hablando de Cataluña, allí es prácticamente imposible que un niño realice su formación académica con el español como lengua vehicular. La Comunidad Valenciana, Baleares, Euskadi y Galicia están en la misma sintonía. También a esto se le llama discriminación. Los dos partidos mayoritarios son responsables de la inmersión lingüística al haber mirado continuamente para otro lado a cambio de los apoyos necesarios para gobernar. Ese apoyo lo encontraron siempre en partidos como CIU y el PNV, a los que la actual Ley Electoral favorece porque actúa de zoom sobre los sufragios que obtienen en los comicios a la hora de traducirse en escaños parlamentarios.
Es necesario un cambio de la Ley electoral y la reforma de la Constitución. Respecto a la segunda, sería positivo que antes de la redacción del texto se realizara una consulta popular para decidir de una vez por todas entre Monarquía y República, modificando el Título II para igualar ambos sexos respecto a la sucesión en el caso de vencer la primera opción.
No estamos muy lejos del Estado federal. Si se consolida en la reforma, el fondo de solidaridad interterritorial debería ser una prioridad como también, en caso de reflejar la posibilidad de referenda de autodeterminación, la necesidad de amplios porcentajes de participación y de sufragios favorables para validar una secesión.
Un estudio reciente del sindicato de funcionarios CSIF indica que los empleados públicos de la Administración General del Estado perciben entre 1.000 y 21.600 euros anuales menos que los que trabajan en el mismo puesto para las administraciones autonómicas. Mi simpatía por aquellos que apuesten por subsanar estas diferencias -incluyendo la homologación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas-, por el regreso al Gobierno Central de las competencias en Educación y Seguridad Ciudadana y por la valorización del español, de forma que en cualquier punto del país todo aquel que lo desee pueda estudiar u opositar en el idioma de todos.
La mano del 78 ha terminado. Es hora de barajar, cortar y dar cartas de nuevo.
