La tragedia del coronavirus está sacando lo mejor y lo peor de nosotros con el esperanzador resultado de que hay mucho más bueno que malo. La gente responde con sensatez y comprende las dificultades que para cualquier Gobierno supone enfrentarse a una situación excepcional para la que no estábamos preparados. Las muestras de comprensión, solidaridad y civismo son abrumadoras, aunque tampoco faltan los listos sabelotodo que repiten con suficiencia que lo que sabemos ahora ellos ya lo sabían desde el principio y debería de haberlo sabido el Ggobierno hace, lo menos, tres meses. Un reproche tramposo pues no vale que con los datos de ahora se juzgue y se den recetas sobre lo que se hizo y se dejó de hacer. Es como si una vez sabidos los números de la lotería dijéramos que era fácil acertar.
Desde la oposición, todo se ve más fácil. Por eso coincide, y no por casualidad, que quienes más reproches hacen y exigen más camas hospitalarias, médicos, enfermeras, mascarillas, ventiladores y un largo etcétera son los que abogaban por bajar los impuestos y reducir los servicios públicos, incluida la sanidad. Un servicio que, con el pretexto de atajar la crisis financiera de 2008, fue sometido a severos recortes y, lejos de aumentar, su presupuesto se redujo en más de 9.000 millones de euros durante la última década. Ahí está la Comunidad de Madrid, gobernada desde hace 23 años por el PP, cuyo número de camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes es de 270 frente a las 328 que tiene Asturias. Además, y para despejar cualquier duda, cabe reseñar que Asturias gasta en sanidad 1.625 euros por habitante frente a los 1.250 que gasta Madrid.
Los datos hablan por sí solos y vienen a constatar que donde gobiernan los que ahora son tan exigentes su política siempre fue que no necesitábamos unos servicios públicos fuertes sino todo lo contrario. Para ellos, cuanto menor sea el gasto público mejor nos irá.
Aun contando con eso, quizá por las dimensiones de la tragedia, algunos creímos que nadie se atrevería a culpar al Gobierno de las infecciones y las muertes. Nos equivocamos. Quienes menos creían en lo público, de repente, se convirtieron en los mayores defensores del sistema público sanitario y, en un inaudito ejercicio de cinismo, eludiendo cualquier responsabilidad, se lanzaron a exigir lo que saben que ni este ni ningún Gobierno puede solucionar. Pasan por alto que España, gobernada por quien gobernó los últimos ocho años, tiene hoy 30 sanitarios por cada 1.000 habitantes, frente a los 60 de Francia y el Reino Unido y los 71 de Alemania.
Ignorar esta realidad y querer sacar rédito de la tragedia es mezquino. Si quienes están en la oposición estuvieran en el Gobierno, seguro que pondrían el grito en el cielo y reclamarían la adhesión inquebrantable a sus dolorosas medidas. Unas medidas que serían atender, primero, la economía y el déficit, que es lo que suelen poner por delante de las personas siempre que hay una crisis. Lo suyo es emponzoñar cualquier decisión que se tome.
