En las políticas de movilidad de Gijón, hace mucho que la casa se empezó a hacer por el tejado. Carmen Moriyón encargó un plan integral que, pese a su empecinamiento, murió a medio camino porque cambiaron las leyes regionales. Lo sabía de sobra la coalición entre el PSOE e IU que sucedió a Foro en el gobierno, pero tampoco pareció importarle y se puso a redactar una ordenanza en la materia sin tener aprobado el marco general. El resultado es que la ciudad está a un paso de contar con una norma que debería emanar de un plan sin haber hecho el plan. Y, para rizar más el rizo, es muy probable que ese plan, cuando se haga, se rellene con el contenido de la norma y de otras decisiones que se han tomado al margen de él, como las peatonalizaciones o los ciclocarriles. La pregunta es obvia: ¿para qué elaborar entonces el plan? A menudo, la lógica administrativa se aleja demasiado del sentido común.
