La salud pública nace en el siglo XIX cuando las condiciones de vida de los trabajadores de las fábricas y de sus familias eran tan adversas que la mortalidad se disparó. Hacinamiento y falta de saneamiento, perfectas condiciones para la propagación de enfermedades infecciosas, que hacían presa de unos sujetos mal alimentados, extenuados por el trabajo, a lo que se unían los accidentes laborales y las reyertas incrementadas por el abuso de alcohol. Hay una relación entre accidentes y alcohol que se modifica con la educación y las normas sociales. En los países menos desarrollados, durante el fin de semana las urgencias se colapsan con accidentes y agresiones, lo que no ocurre en los más avanzados con la misma cantidad de ingesta. Mientras los problemas de salud pública del siglo XXI siguen dominados por las enfermedades infecciosas en muchas partes del mundo, una nueva amenaza puede ser más devastadora: el cambio climático.
Coincidiendo con la concesión del Nobel de Economía al profesor Nordhaus, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, convocado por las Naciones Unidas para guiar a los líderes mundiales, describe un mundo de escasez de alimentos, de incendios forestales y muerte masiva de los arrecifes de coral en 2040. Para estos expertos, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al ritmo actual, la atmósfera se calentará 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales en 2040. Esto resultará en inundaciones, sequías y pobreza. Hasta ahora se pensaba que las catástrofes ocurrirían cuando se llegara a calentar 2 grados, había más tiempo. Para ellos no hay duda de cuál es la estrategia más eficaz para abordarlo: limitar las emisiones de CO2. Y la propuesta, y en esto coincide con el nuevo Nobel, es poner un precio alto a la emisión. "El precio del carbono es fundamental para la mitigación inmediata", concluye el informe. Se estima que para ser efectivo tendría que oscilar entre 135 dólares y 5.500 dólares por tonelada de contaminación por dióxido de carbono en 2030, y de 690 dólares a 27.000 dólares por tonelada para 2100.
Está claro que va a ser difícil, políticamente. Baste saber que mientras en la Administración Obama se había llegado a un precio de 40 dólares la tonelada, ahora está en 7 centavos. Y que en Australia, donde habían elevado los impuestos, las protestas hicieron que el Gobierno conservador que tomó el poder los revirtiera. Otro fracaso, precisamente es el que el profesor Nordhaus señala: "Fue un error en el uso del cap and trade". Los gobiernos ponen un límite a la contaminación de dióxido de carbono y las empresas pagan el exceso, pero a la vez, si son eficientes, pueden vender los créditos de contaminación a otras empresas que se pasan. Nordhaus aprendió que depende de predecir cuáles serán las futuras emisiones. Si son erróneas, el sistema falla. Fue lo que ocurrió en la Unión Europea, que hizo unas proyecciones de emisiones altas y al ocurrir que fueron bajas el precio del carbono disminuyó drásticamente, de unos 40 dólares por tonelada a menos de 10 dólares. Tan bajo que no tuvo un efecto en la reducción de las emisiones. Si los modelos hubieran pronosticado muy pocas emisiones, y el precio hubiera subido a 1.000 dólares por tonelada, Nordhaus dice que estaríamos en otro escenario.
Para que un impuesto sea sostenible tiene que tener algún beneficio inmediato, pero si al subir el precio del carbono la empresa lo repercute en el precio de la electricidad, como suele ocurrir, el rechazo está servido. Nordhaus propone seguir la estrategia de la Columbia Británica. Debido al impuesto sobre la emisión los precios de la electricidad aumentaron en 100 dólares al año, como era previsible. Pero el Gobierno decidió devolver un dividendo que reduce los precios de internet en 100 dólares al año. La idea es bajar los precios de los bienes que no son intensivos en producción de carbono.
El lobby del carbón no es pequeño ni débil. Está financiado por grandes fortunas y tiene poderosos países detrás, como China, India y no menos EE UU. Allí la asociación de productores desecha de pleno este informe por considerarlo falso y tendencioso y aboga por reducir los precios del carbón a la vez que se estimula la tecnología de captura de CO2.
Que política y socialmente es difícil reducir la quema de carbón lo sabemos en Asturias muy bien. La perspectiva de cierre de una central eléctrica, bien antigua por cierto, ha producido un clamor en contra liderado por el Gobierno. Aducen las pérdidas para la región que esto supone y piden una transición energética menos traumática. Mientras, Asturias es una de las comunidades más contaminadas que se refleja en la excesiva mortalidad. Un problema de salud pública. Y desde esa perspectiva, la de la salud, es como debe abordarse la política industrial.
