La reforma del Estatuto parece cosa de dos

La reforma del Estatuto parece cosa de dos. Las primeras reuniones de la ponencia han puesto de manifiesto la sintonía existente entre PSOE y PP. Y al mismo tiempo, el distanciamiento de Izquierda Unida. La coalición ya ha expresado su «decepción» por lo que, a su juicio, lleva camino de convertirse «en una oportunidad perdida para la Asturias del siglo XXI».

El libro de ruta de la negociación estableció las competencias como el primer capítulo del temario autonómico. Han bastado tres reuniones para hacer patente la distancia entre las fuerzas mayoritarias e IU. Y eso que sólo se han abordado las cuestiones que, en principio, son más técnicas y menos escabrosas. La coalición ha reclamado, por ejemplo, competencias exclusivas en materia de infraestructuras y transportes.

«Las competencias del Estado son del Estado. Me parece una mala técnica ocuparnos también de las competencias del Estado. ¿O es que no hay infraestructuras de interés general del Estado? ¿Han desaparecido? No, esa pretensión no está ni en nuestras posibilidades ni en nuestra concepción del ordenamiento. IU puede pensar que sí, pero creo que es una pretensión desproporcionada», argumentó Fernando Lastra. Una postura que Ovidio Sánchez, del PP, resumió de manera más escueta: «Nosotros, al contrario que otras fuerzas políticas, no desconfiamos del Estado».

La lectura de IU es diametralmente opuesta: «La reforma es una oportunidad única para modernizar la norma política más importante de Asturias en cuestiones que afectan diariamente a la calidad de vida de los ciudadanos. Pero nos encontramos con una pinza de PSOE y PP, que no quieren cambiar nada, con un inmovilismo perjudicial, porque la Asturias de este siglo no tiene mucho que ver con la de hace 30 años». La coalición aspira a que Asturias disponga con el Estatuto de «una herramienta para no seguir en el vagón de cola de España». Y transmite un mensaje rotundo: «No queremos más que las demás comunidades, pero tampoco menos». «PSOE y PP rechazan aquí lo que han aprobado en Andalucía, lo que impulsan en Aragón y lo que defienden en Castilla-La Mancha», añaden.

IU también se desmarca de las críticas: «Ni desconfiamos del Estado, ni queremos romper España. Al revés, somos partidarios de un Estado fuerte, y más ante momentos de crisis como los que se avecinan, para que sea garante de políticas públicas y dé coberturas a cuestiones como las prestaciones de desempleo o unos servicios de calidad».

La coalición niega que sostenga posiciones maximalistas. «Hasta ahora, las negociaciones del Estatuto no han existido. PSOE y PP se han limitado a representar un guión previamente pactado. Esa posición es un claro error, porque una cuestión como la reforma del Estatuto debe tener el mayor consenso y respaldo posible», argumenta Izquierda Unida.

Lo preocupante para la coalición es que los trabajos todavía no han llegado a los puntos más conflictivos: ni a la oficialidad del asturiano, ni a la reforma del sistema electoral, ni a la carta de derechos sociales, ni a la definición de Asturias como nacionalidad; todas, cuestiones que IU abandera en solitario.

Pese a que el PP haya sacado pecho con algunas demandas, como el listado de competencias exclusivas, populares y socialistas mantienen mucha cercanía. En su sintonía sólo ha surgido un escollo imprevisto: las reclamaciones de Gabino de Lorenzo, asumidas de pleno por el PP, relacionadas con la capitalidad de Oviedo.

Eso, de momento. Hay otro posible problema: el PP no ve con malos ojos recurrir al mecanismo de la reserva de ley (limitarse a enunciar un asunto en el Estatuto y dejar su desarrollo a una ley posterior) para sortear cuestiones problemáticas, como la oficialidad del asturiano -el PP quiere buscar un acuerdo con IU- o la regulación de la capitalidad. Algo a lo que el PSOE no está dispuesto. Con el asturiano, por ejemplo, los socialistas no quieren dejar abierta la más pequeña rendija por la que pueda colarse, llegado el momento, la oficialidad.

La coalición llevará a la ponencia sobre la reforma del Estatuto un paquete de objetivos prioritarios:

- Una carta de derechos sociales de los ciudadanos, que garanticen, mediante una ley, el acceso a la vivienda y a unos servicios públicos de calidad.

- Un estatuto moderno, que recoja los retos de la región en materias de gran sensibilidad social, como el medio ambiente.

- La reforma del sistema electoral, con la adopción de una sola circunscripción para Asturias en las elecciones autonómicas, en vez de las tres actuales (Oriente, centro y Occidente).

- El reconocimiento del asturiano como lengua de la comunidad autónoma.

- Mayor nivel de competencias en cuestiones básicas para la calidad de vida de los ciudadanos, como las infraestructuras y el transporte.