La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Noemí Martín, explicó hoy en la Junta General que hasta el mes de febrero se habían abierto 92 procedimientos de desahucio en las promociones de las 383 viviendas de alquiler en la modalidad de derecho de superficie de la Corredoria (Oviedo) y las 133 del Nodo (Avilés).

Martín se manifestó así durante su comparecencia en la Comisión de Bienestar y Vivienda solicitada por el PP para que informase de todo lo relacionado con las 383 viviendas que el Principado adjudicó, en régimen de alquiler, mediante sorteo ante notario en el barrio de la Corredoria, en Oviedo.

La consejera añadió que 81 de esos procedimientos siguen adelante, ya que la mitad, cuarenta, no ha pagado ningún mes de alquiler. En 32 casos ya se ha producido el desahucio por sentencia condenatoria y otros 50 casos están a la espera de la vista, mientras que once de ellos se cerraron con acuerdo.

El PP reclamó esta comisión ante las protestas y quejas vecinales por los "excesivos consumos" en el agua y el gas. Noemí Martín recordó que se celebraron dos reuniones de las comisiones de seguimiento -la primera de ellas en mayo-- para estudiar las quejas y las protestas vecinales. Indicó que se hizo un seguimiento de los consumos de todas y cada una de las viviendas adjudicadas y añadió que desde septiembre sólo llegó una reclamación a la consejería, que está ahora mismo en trámite y que corresponde a una vivienda de Avilés.

"Si siguen existiendo problemas yo les pido que acudan a la Consejería porque se les estudiará el caso de manera individual", insistió Martín, que recordó que desde el uno de septiembre a hoy sólo hay una reclamación de un caso de Avilés, no de la Corredoria.

Indicó que el nivel medio de consumo es "normal" y hay algunos casos de "desvíos al alza", que fue lo que se comprobó. "Hay una parte pequeña de vecinos que tenían consumos al alza, por lo que hicimos una revisión para comprobar si hay algún problema, en ese caso la empresa se compromete a devolver el importe", dijo Martín, que insistió en que ahora las facturas vienen especificadas en cada uno de los conceptos. "Espero que no se den más problemas en los consumos", manifestó.

El diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons manifestó que le consta que hay importes muy elevados en numerosas viviendas, por lo que preguntó por qué los vecinos tienen la obligación de permanecer con esa empresa y no pueden cambiar de compañía.

Noemí Martín afirmó que la consejería no tiene problema en estudiar cada caso de manera individual, en caso de que una familia tenga que renunciar a la vivienda por no poder hacer frente al pago de los recibos, y añadió que la empresa "siempre es flexible y busca las fórmulas para no llegar al desahucio". "A pesar de ello yo le digo que si un vecino no paga ni un sólo recibo desde el inicio del alquiler creo que no hay otra opción y es necesario el desahucio", dijo Martín.

Sobre la posibilidad de que los contratos se conviertan en uno de opción a compra, Martín dijo que inicialmente no está previsto ni en el concurso para la promoción de las viviendas, ni en el contrato entre el Principado y la empresa.

Recordó que el alquiler medio que abonan los inquilinos, con plaza de garaje y trastero, oscila entre los 285 y los 320 euros mensuales, incluyendo el gasto de la Comunidad, mientras que los gastos imputables son los que marca la Ley de Arrendamientos.

Ya en el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP indicó que en algo no está bien cuando hay facturas de 250 euros mensuales por tres horas diarias de calefacción. "Si sumas las cifras al final estamos ahogando en gastos a los que queríamos ahorrar", dijo Cuervas Mons, que insistió en que conoce a mucha gente que se ha ido de las viviendas de manera voluntaria. Añadió que la intención del PP con esta comparecencia es acercar a la administración este problema para que se arbitren medidas para solucionar este problema.

Ante esta reflexión la consejera indicó que quizás es necesario fijar, a la hora de adjudicar las viviendas, además de unos ingresos máximos también unos ingresos mínimos. Así indicó que este tipo de viviendas están destinadas a rentas "medias".

La diputada de IU-BA-Verdes, Diana Camafeita, indicó que no se puede usar un hecho puntual para criticar la política en materia de vivienda.

Europa Press