Cangas de Onís, R. D.

El primer parque nacional declarado en España, el de la montaña de Covadonga, germen del actual de los Picos de Europa, nació con mal pie. Y tal parece que, 92 años después, sigue trastabillado. Su creación, por iniciativa de Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, el 22 de julio de 1918, provocó un fuerte rechazo por parte de la población local.

De la gestión durante los primeros años del parque de Covadonga poco se sabe, salvo que el Gobierno central mantuvo un férreo control. La creación, en 1971, del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) supuso un punto de inflexión, ya que entonces comenzaron a aplicarse estrictamente todas las restricciones que conllevaba la declaración. El malestar de los ganaderos con el ICONA era enorme en los Picos de Europa. Hoy recuerdan la alegría con que recibieron su desaparición, en 1991.

La llegada del llanisco Ignacio Quintana, en 1994, a la presidencia del patronato del parque nacional de Covadonga acabó de darles a los pastores su «lugar». Quintana llegó con nuevas ideas; entre ellas la del desarrollo sostenible, la necesidad de proteger las actividades tradicionales, y el convencimiento de que, además del paisaje, el paisanaje también era parte indispensable del parque nacional. Ese mismo año, los pastores recibían el premio «Pueblo ejemplar» de Asturias.

Pero las horas del parque nacional de la montaña de Covadonga estaban contadas. El Gobierno del Principado, en sintonía con el de España, diseñaba ya un nuevo parque nacional, integrado por los tres macizos de los Picos de Europa: los del Cornión, Andara y los Urrieles. El 30 de mayo de 1995, el Consejo de Ministros aprobaba la creación del parque nacional de los Picos de Europa. Quedaban incluidos en el espacio protegido veinte núcleos habitados de diez municipios, con más de 1.200 habitantes.

Curiosamente, el parque de Covadonga nunca llegó a tener plan rector y el de los Picos de Europa tampoco. La principal razón por la que sigue sin plan de uso tiene que ver con dos sentencias judiciales, emitidas en 2004 y 2005, una del Tribunal Constitucional y otra del Supremo. Los jueces dijeron dos cosas: una, que los parques deben ser gestionados en solitario por las comunidades, y dos, que el papel del Estado se limita a elaborar las leyes generales de la Red, que afectan a todos los parques, así como a vigilar su cumplimiento.

Desde que se conoció la primera sentencia sobre los parques nacionales, a finales de 2004, los cuatro gobiernos implicados en los Picos iniciaron las negociaciones para proceder al traspaso de las competencias. Ya en 2005, las tres regiones vendieron a bombo y platillo el denominado «Espíritu de Pesués» . Los cuatro gobiernos se comprometieron a cerrar el traspaso el 1 de enero de 2006. Después retrasaron la fecha hasta el 1 de enero de 2007. Y así año tras año, hasta que el pasado lunes sacaron a relucir dos nuevas fechas: el mes de octubre para firmar el traspaso y el 1 de enero de 2011 para que se haga efectivo.