Oviedo, J. E. M.

El «salario joven», una de las principales promesas electorales de Foro Asturias, el partido que sujeta el Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos, empieza a caminar, al menos en vía administrativa. El Consejo de Gobierno del Principado, que celebró ayer su reunión semanal, aprobó la autorización de gasto anticipado para financiar la convocatoria de concesión de subvenciones a los ayuntamientos de Asturias para llevar a cabo el programa «Salario joven».

Según explicó ayer el Gobierno del Principado, «con este programa se subvencionará la contratación de jóvenes menores de 30 años». El Ejecutivo de Foro quiere impulsar los contratos en prácticas y los contratos de formación y aprendizaje. El importe total previsto asciende a once millones de euros.

El Principado, según explicó el consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero, en su comparecencia en Comisión en la Junta, espera comenzar a aplicar el «salario joven» el próximo 1 de diciembre, una vez finalice su proceso de tramitación. Rivero trabaja con la previsión de llevar a cabo contrataciones ya este mismo año.

Los destinatarios serán jóvenes menores de 30 años que hayan estado inscritos en los servicios públicos de Empleo del Principado durante al menos un año y, según explicó Rivero, por su trabajo percibirán un sueldo que nunca será inferior al establecido para el contrato en prácticas del convenio colectivo aplicable. Los contratos, por un máximo de doce meses, serán de formación para aquellos jóvenes que no tengan cualificación y de prácticas para los que tengan alguna titulación. El Principado anunció en su día que serían entidades locales y la Universidad quienes puedan contratar a jóvenes a través de este programa, no las empresas. El Ejecutivo casquista quiere que el reparto de fondos para estas contrataciones se lleve a cabo «en relación con la tasa de paro de cada municipio».

Oposición y sindicatos ya han criticado el modelo de contratos y las bonificaciones que anuncia el Principado porque «existen desde hace años», aunque sin denominarse «salario joven».

El Consejo de Gobierno ha autorizado también la modificación de la Comisión de Asuntos Medioambientales (Cama) para adaptarla a la estructura del nuevo Gobierno. De esta forma, la institución queda adscrita a la actual Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente como órgano consultivo y asesor en planificación y gestión ambiental. La Cama estará compuesta por un representante de la Viceconsejería de Relaciones Institucionales, la directora general de Administración Local, Cristina Bellón del Rosal, el director general de Tecnologías de la Información, Diego Pascual García, la directora general de Minería, Carolina Morilla Cernuda, el director general de Industria y Energía, Javier Méndez Muñiz, el director general de Patrimonio Cultural, Joaco López Álvarez, el director general de Salud Pública, Alberto Fernández León, el director general de Carreteras y Transportes Terrestres, Juan Miguel Llanos Lavigne, el director general de Obras Hidráulicas y Puertos, José Javier González Martínez, el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Miguel García Arias, el director general de Medio Ambiente, Francisco Rivas Álvarez, el director general de Agroganadería, Alejandro Temprano Hernández, el director general de Ordenación Agraria y Forestal, Vidal Francisco Álvarez, y el director general de Recursos Naturales, Óscar Rodríguez Rodríguez. El Gobierno central también tiene derecho a representantes.