Oviedo, J. A. ARDURA

La administración que va a gestionar el presidente regional Francisco Álvarez-Cascos -y que el nuevo Ejecutivo nacional de Rajoy también tendrá que contener junto al resto de autonomías- es cuatro veces mayor que la recibida por el socialista Vicente Álvarez Areces en el año 2000. La asunción de competencias de los servicios públicos básicos -educación, sanidad y justicia- han provocado que el Principado haya cuadruplicado su Presupuesto y su tamaño a lo largo de la última década. El Gobierno regional, de Foro Asturias, también hereda un sector público empresarial que ha duplicado su tamaño desde el año 2000 y una deuda que se ha disparado desde el inicio de la crisis: se ha cuadruplicado en cuatro años.

El Principado se ha convertido en la principal «empresa» de la región, con más de 35.000 funcionarios y empleados públicos de distinto rango. El crecimiento de la plantilla regional ha sido directamente proporcional a la asunción de las competencias educativas, sanitarias y de justicia y, por consiguiente, el personal que presta esos servicios en Asturias. Cabe recordar que en 2000, nada más llegar Areces al Gobierno regional, la plantilla del Principado rondaba los seis mil trabajadores, que suponían un coste para las arcas regionales de 169 millones de euros respecto a un presupuesto anual de 1.193 millones. Es decir, el Principado destinaba entonces alrededor de un 14 por ciento de sus recursos a los gastos del personal.

Once años después la factura de la plantilla consume 1.569 millones de euros de un presupuesto consolidado que en el ejercicio que está a punto de finalizar ha ascendido a 4.360 millones, casi cuatro veces superior al del inicio de la década pasada. O sea, el Principado gasta un 36 por ciento de sus recursos anuales en el abono del salario de sus 35.369 empleados, una nómina en la que también están incluidos los altos cargos de designación directa y el personal eventual de la Administración regional. Y eso que el coste del personal ha menguado este año, por primera vez, casi 91 millones, tras los recortes decididos por el Gobierno central. El mayor volumen del personal se localiza en el ámbito sanitario, que da empleo a 14.216 empleados; en el educativo, en el que trabajan 12.372 personas, y en el de la justicia, con 1.504 trabajadores. La Consejería de Bienestar tiene a su cargo 1.159 empleos y los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) 1.367, según los datos que figuran en los Presupuestos regionales.

El crecimiento de la administración asturiana ha ido paralelo al de su sector público empresarial. El Principado contaba al principio de la pasada década con una treintena de empresas y entes públicos vinculados, una cifra que en la actualidad ya suma setenta y dos. El Gobierno saliente siempre ha defendido que Asturias es una de las autonomías con un sector público empresarial más reducido, sólo por encima de La Rioja y Cantabria. Pese a ese discurso, los socialistas e IU introdujeron una modificación en la ley de Presupuestos de 2001 para que el Gobierno tuviera mayor margen de actuación para recortar el sector público sin tener que depender de la Junta General del Principado. Era el reconocimiento más o menos tácito de la necesidad de reordenar el sector público empresarial. El nuevo Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos aprovechó esa normativa para incluir dentro de su ajuste de 156,8 millones de euros la retención de transferencias a la radio y televisión autonómicas por un importe de 11,3 millones de euros. Además, el Ejecutivo de Cascos también puso en marcha la venta del paquete mayoritario de acciones que el Principado controla en la constructora Sedes. El consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, ha dejado entrever en una de sus últimas intervenciones públicas que el sector empresarial público del Principado, sin ser de los más voluminosos del país, resulta una carga demasiado pesada para los contribuyentes asturianos. «En Asturias hay 350.000 trabajadores que están soportando el peso de ochenta entidades públicas. ¿Que en Madrid hay 120 empresas públicas? De acuerdo, pero allí hay cinco millones de cotizantes», valoró el consejero de Hacienda antes de recordar que la agencia de calificación Fitch considera conveniente que el Principado reduzca el tamaño de su sector público. La oposición, a la vista del uso que el Gobierno de Cascos ha hecho de esa ley, promueve ahora una nueva normativa para devolver al Parlamento regional las competencias sobre los ajustes, de modo que el Ejecutivo no pueda decidir, sin la autorización previa de la Junta General, la anulación de transferencias comprometidas en la ley de Presupuestos.

Otro dato sobre el que las agencias de calificación y los mercados han puesto la lupa en los últimos años es el relativo al nivel de endeudamiento autonómico. El Principado ha recurrido a la deuda desde 2009 para mantener unos niveles de inversión pública que permitieran paliar, lo máximo posible, la brusca caída del sector privado.

La Administración asturiana tenía una deuda total de 728 millones de euros en el tercer trimestre de 2008, cuando la crisis aún no había sacudido la economía regional con virulencia y el Gobierno de Areces sostenía que el Principado aguantaba mejor que otras autonomías por la menor incidencia del hundimiento del sector de la construcción. Era un período en el que los 2.000 millones anuales de inversión en obra pública, procedentes del Estado y de la propia Administración autonómica, amortiguaban los primeros «coletazos» de la crisis.

Pero la recesión se prolongó y el Gobierno regional, encabezado por Álvarez Areces, apostó por unos Presupuestos expansivos en 2009 y 2010 para dar oxígeno a unas tasas de actividad menguantes en el sector privado. En enero de 2010 la deuda ya se situaba en 1.077 millones de euros y a finales de ese año rondaba los 1.500 millones, el doble que dos años atrás, según los datos del Banco de España. La escalada del índice de endeudamiento del Principado no ha cesado. El Gobierno de Areces incluso tuvo que recurrir a operaciones controvertidas para poder cuadrar los Presupuestos de 2011 como, por ejemplo, la venta de patrimonio público a una de sus empresas, Vipasa, para poder engordar las cuentas regionales en más de 100 millones de euros. Esa operación nunca llegó a cuajar -«no existió», ha afirmado recientemente el consejero de Hacienda-, pero la deuda ha crecido hasta situarse por encima de los 2.000 millones de euros, a fecha del 31 de diciembre de este año, según consta en el plan económico financiero presentado por el Principado y aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio de este año. Este documento prevé que la deuda de la Administración regional asturiana alcance los 2.781 millones de euros a 31 de diciembre de 2012 y escalará hasta los 3.216 millones de euros a finales de 2013, una cifra que supone cerca del 15 por ciento del PIB asturiano o casi el 80 por ciento del Presupuesto regional.

Éste es el contexto en el que el nuevo Gobierno regional debe elaborar un proyecto de Presupuestos para 2012, cuyo techo ya ha situado en 4.069 millones, aunque con una estimación de crecimiento optimista que, probablemente, deba ser revisada finalmente a la baja, según ha reconocido Del Riego. El Principado argumenta que no podrá afinar su previsión hasta conocer las estimaciones de la Administración del Estado, de la que depende el 70 por ciento de los ingresos anuales de una Administración autonómica obligada a apretarse el cinturón.