Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

El juez que instruye el «caso Marea», que investiga una supuesta trama corrupta en la Administración del Principado, optó ayer por imputar a dos administradores de tres empresas que ingresaron unos 140.000 euros de la comunidad autónoma por trabajos que no realizaron y que luego supuestamente transfirieron a una firma controlada por Marta Renedo, la alta funcionaria que desviaba dinero público a cuentas de su propiedad.

Los dos empresarios, R. C. y M. F., habían sido llamados a declarar ayer por el magistrado Ángel Sorando Pinilla, titular número del Juzgado número 2 de Oviedo, en calidad de testigos. Pero una serie de documentación presentada por el Principado la semana pasada hizo ayer al juez suspender los interrogatorios y volver a citar a los dos empresarios como imputados. La nueva declaración está prevista para el próximo 2 de mayo. El Principado solicitó la imputación para garantizar sus derechos procesales y evitar así una petición de nulidad del procedimiento.

En esta documentación se incluyen facturas que supuestamente son falsas por el cableado en varios centros municipales de ayuntamientos como el de Ribera de Arriba, Ponga, Carreño y Colunga. Según el Principado, estas obras, o no se realizaron, o fueron realizadas por otras empresas. En total, la facturación ascendió a 140.000 euros.

Uno de los empresarios, M. F., ya testificó como imputado policial ante la brigada de delitos económicos haber sido engañado por Renedo. Según su versión, cobró por adelantado unas obras que le había adjudicado el Principado, pero Marta Renedo lo llamó para decirle que los trabajos se encargaban a otra empresa. Esta firma era Oxiplans, propiedad de Renedo. Supuestamente Renedo también le pidió que transfiriera algunas cantidades al club de baloncesto en el que jugaba su hija.

Fuentes judiciales cercanas al caso aseguran que la posición del Principado «no es más que una huida hacia delante» ante el temor de que los empresarios expliquen ante el juez «cómo contrataba el Principado».

Mientras, una de las acusaciones particulares, la ejercida por el letrado Antonio Pineda, solicitará de nuevo la imputación del marido de Renedo. A esta petición se sumarán AVALL, representada por Esteban Aparicio, y el Partido Progresista de Belmonte, cuyo letrado es Fernando de Barutell.