Oviedo, Eloy MÉNDEZ

Los representantes de los profesores de la Universidad de Oviedo pedirán al rector, Vicente Gotor, que no aplique a los planes de estudios del próximo curso el nuevo decreto que fija un incremento generalizado de la carga docente por entender que la normativa aprobada por el Gobierno «no se ha negociado y contiene medidas que podrían acabar con el sistema tal como hoy lo conocemos». Los miembros de la junta del personal docente e investigador (PDI) también anunciaron ayer el inicio de una ronda de contactos con decanos, directores de escuela y de departamentos para que el equipo de gobierno académico inicie conversaciones «con el objetivo irrenunciable del mantenimiento de la plantilla». Por su parte, la Conferencia de Rectores (CREU) también emitió ayer un duro comunicado tras su asamblea general para denunciar que la ley fue redactada sin contar con las instituciones académicas.

«Vamos a pedir que la carga máxima a la hora de impartir clases siga siendo, en cualquier caso, de 24 créditos», afirmó ayer Jesús Daniel Santos, presidente de la junta del PDI, donde están representados los sindicatos SIPU-SAIF, Comisiones Obreras (CC OO), ANPE y FETE-UGT. Por ello, solicitará al equipo rectoral que haga caso omiso de la nueva ley en los planes docentes del próximo curso, que se empezarán a redactar este lunes. «Creemos que esos planes no pueden hacerse en base al decreto 14/2012», sostiene el máximo representante del profesorado.

Por su parte, los representantes de CC OO emitieron también su propio comunicado para denunciar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy «quiere acabar con la Universidad pública» al acusarlo de «poner patas arriba todo el sistema». Además, la organización alerta de que, aunque la medida afecta a los profesores funcionarios, «hay que suponer que otras similares o peores serán adoptadas contra el profesorado contratado y contra el personal de administración y servicios (PAS)». «En términos globales, la mitad del profesorado puede pasar a 32 créditos, por lo que es fácil aproximarnos a la idea de que un área en la que la mitad de los profesores incrementan su docencia por un tercio, supone que cada tres profesores que incrementan su docencia, sobre un contratado», advierte Nacho Loy, miembro del sindicato.

Por último, la Conferencia de Rectores rechazó «categóricamente los argumentos defendidos por el Ministerio, que apuntan al insuficiente trabajo de profesores y estudiantes para justificar las medidas» y exigió una reunión urgente con el responsable del departamento, José Ignacio Wert, al que advierte de que «así no vamos a mejorar nuestro sistema universitario».

Oviedo, E. M.

La Escuela Infantil de la Universidad de Oviedo echa el cierre. El gerente de la institución académica, Eusebio González, ha comunicado a varios representantes del personal administrativo y de servicios (PAS) que el centro para hijos de 0 a 3 años de miembros de la plantilla ubicado en el campus de Los Catalanes dejará de funcionar el próximo curso debido a cuestiones económicas, aunque los trece empleados con plaza fija serán recolocados en otros puestos. Peor suerte correrán los trabajadores de algunas prestaciones externalizadas, como la limpieza o la cocina.

Según fuentes de la Universidad, la desaparición de la escuela infantil, que echó a andar hace más de dos décadas, se enmarca dentro de las medidas de austeridad que han iniciado todas las organizaciones académicas a instancias del Gobierno y acaba con un servicio deficitario desde hace tiempo. Actualmente, una treintena de niños se beneficia de esta instalación, creada para favorecer la conciliación de la vida laboral y personal de los padres. Para contrarrestar esta medida, el rector, Vicente Gotor, anunció hace unos días que concentrará entre las 09.00 y las 19.30 horas la labor docente de los profesores con hijos menores de 12 años.

Por su parte, los representantes sindicales de Comisiones Obreras (CC OO) en las diferentes juntas de personal universitario emitieron ayer un comunicado en el que lamentan la decisión del equipo rectoral. «No podemos considerar admisible el argumento de que no resulta rentable, ya que la rentabilidad de un servicio social como éste no puede valorarse considerando sólo los ingresos y gastos anuales que supone», indicaron.