Los concejos asturianos se resisten tanto a fusionarse como a perder competencias

Los representantes asturianos acudirán hoy a la reunión de la asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se celebrará en Madrid, con una única postura por bandera: «Estamos en contra de las medidas que está tomando el Gobierno central con respecto a los ayuntamientos y pediremos que se respete la autonomía municipal y que cualquier reforma legislativa se haga desde el respeto a los consistorios», señaló Antonio de Luis Solar.

Para respetar esa autonomía, según el presidente de la FACC, es necesario, «entre otras cosas», que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no materialice la propuesta de la retirada de competencias y servicios a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes en favor de diputaciones o autonomías. «La crisis no puede ser una disculpa para destrozar un sistema consolidado de ayuntamientos, la cuestión municipal debe quedar a salvo de cualquier invasión», subrayó De Luis Solar, que sin embargo propuso otras medidas para ahorrar costes: «Lo que hay que hacer es definir adecuadamente las competencias que debe prestar cada administración (municipal, autonómica y estatal) y que cada una tenga la financiación necesaria para afrontarlas. También estamos dispuestos a compartir servicios para ahorrar costes».

Además, la FACC considera que otras medidas, como la propuesta de reducción del treinta por ciento de concejales, «tampoco tienen sentido». Para De Luis Solar, «los ayuntamientos son las entidades más austeras y las que menos gastan. Los municipios pequeños no son el problema, la deuda se acumula en los más grandes y sobre todo en los de Madrid. La mayoría de los concejales no están retribuidos». De Luis Solar tampoco apoya una posible fusión de ayuntamientos: «repito que la desaparición de un Ayuntamiento no significa un ahorro sustancial», recalcó.

Por otro lado, responsables de la Federación de Parroquias Rurales asturianas advirtieron ayer de la posible «ilegalidad» en la que incurriría el Gobierno con la supresión de estas entidades. Su presidente, Andrés Rojo, defendió su «arraigo» cultural y social «por los servicios que prestan y las hectáreas de terreno que gestionan». La supresión de parroquias rurales está incluida en el informe sobre el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local analizado el pasado día 13 en el Consejo de Ministros.