La exconsejera de Cultura y de Administraciones Públicas del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, ha negado hoy haber dado "nunca" ninguna orden a la exfuncionaria Marta Renedo a la vez que ha recordado que presentó las denuncias contra su actuación que determinaron su expulsión de la función pública.

En declaraciones a Efe, Migoya, que hoy ha sido citada a declarar como imputada por el juez que instruye el llamado "caso Marea", ha asegurado no tener todavía conocimiento de esta circunstancia al margen de las informaciones que han aparecido en los medios dado que no ha recibido "ninguna citación ni ninguna comunicación".

La exconsejera ha rechazado "rotunda y tajantamente" que en ningún momento diera órdenes a Renedo "y mucho menos que tuviese que ver con los hechos investigados", relativos a presuntas irregularidades en la contratación por parte del Principado.

"Fui yo quien presentó la denuncia contra Renedo tras detectar las irregularidades que se estaban cometiendo y la que presentó esa denuncia a la Fiscalía y la Policía, le abrí un expediente disciplinario y la expulsé de la función pública", ha añadido.

Asimismio, Migoya ha lamentado que por la administración del Principado pasara una empleada pública "que engañó a todos a sus compañeros funcionarios y a sus superiores", y ha subrayado: "todos somos víctimas de sus tropelías".

Por su parte, el exdirector general de Promoción Cultural, Carlos Madera, también imputado hoy por el juez que instruye la causa, ha asegurado también no haber recibido hasta el momento ninguna notificación oficial por parte de los tribunales.

"Nunca recibí ninguna orden, ni permití, ni di instrucciones para cometer ninguna irregularidad a nadie que trabajara conmigo y colaboraré con la justicia como no puede ser otra manera", ha señalado Madera a Efe.

En su última declaración judicial, Renedo vinculó a sus superiores en la administración autonómica con supuestas adjudicaciones y contrataciones irregulares durante la etapa en que Migoya y Madera gestionaban la Consejería de Cultura.

Con la imputación de ambos son ya cinco los ex altos cargos del último gobierno de Vicente Álvarez Areces que están imputados por este caso, además de dos empresarios.

Los otros tres altos cargos de la anterior administración socialista que están imputados son el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; la exdirectora general de Planificación Educativa María Jesús Otero; y la funcionaria Marta Renedo.

En la misma situación se encuentran los empresarios Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín) y Víctor Manuel Muñiz (Igrafo), que al igual que los anteriores han sido citados también a declarar ante la comisión parlamentaria que investiga este presunta trama de corrupción.