Ana Rosa Migoya tuvo ayer una jornada para olvidar. Era la segunda ex consejera de Areces que pasaba ante el juez Sorando como imputada en el «caso Marea» (el primero fue Iglesias Riopedre). Entró en el Juzgado nerviosa, tras ser acosada por un grupo de funcionarios al grito de «¡No más corrupción en la Administración!». Y salió indignada, después de que las acusaciones le preguntasen si había colocado a su marido u otros familiares en empresas que facturan con la Administración. Entremedias, Migoya defendió su inocencia. «Se me mostraron las firmas de los expedientes irregulares y le maticé al juez que si bien la grafía era mía, no puedo saber si estampé esa firma o si el documento había sido alterado», aseguró, al final del interrogatorio. Migoya hizo una prueba de escritura para comprobar si su firma estaba falsificada. Antes que ella, declararon el ex director de Promoción Cultural, Carlos Madera, y Víctor Muñiz, de Igrafo, uno de los empresarios imputados. Madera, que fue jefe directo de Marta Renedo, tenía que responder, como Migoya, de las acusaciones de la ex jefa de servicio, quien aseguró que los expedientes falsos eran para contratar «enchufados» por orden de sus superiores.

«Tengo lo mismo que tenía cuando entré en política; le he pedido al juez que mire mi patrimonio. Tengo una casa, la huerta de mi padre y un coche, que es lo mismo que tenía», dijo. Y añadió: «Siempre trabajé por el bien de Asturias y nunca contravine el criterio de los técnicos».

Uno de los letrados, Esteban Aparicio, de la acusación ejercida por AVALL, llegó a preguntarle si sabía «que tenía fama de colocar a parientes y familiares». Ante la airada reacción de Migoya, el juez declaró impertinente la pregunta. Volvió a la carga Aparicio al preguntarle si tenía relación con la empresa de su marido. Migoya lo negó y aseguró que su marido era un simple trabajador. Al final de la declaración, ya en la calle, Migoya le preguntó a Aparicio si buscaba que su marido se quedase en el paro. Ante el juez, el letrado preguntó a Migoya sobre el sobrecoste en contratos como el parque infantil del Muja, concedido a Igrafo en 196.000 euros y subcontratado en 93.000 euros a otra empresa.

Migoya, defendida por Mario Gómez, minimizó el papel de los políticos en la tramitación de los expedientes. «Los consejeros ordenamos que se inicien. Tenemos una labor de dirección política, establecemos las prioridades. Pero es el aparato administrativo el que los tramita. Los consejeros no tenemos una función de certificación y control», indicó. «Nunca llevé la contraria a un informe técnico», añadió. E insistió en que su actitud respecto a Renedo fue de libro, como ya indicó en el comisión de la Junta. «En el momento en que tuve conocimiento de que había alguna conducta reprochable, actué con toda contundencia», clamó. En cuanto a las contrataciones fraudulentas en que la ha mezclado Renedo, Migoya aseguró que no las conocía. «Es ahora cuando yo me entero de que se estaban realizando. Si me hubiese enterado, hubiese actuado con la misma contundencia», sentenció.

La ex consejera de Cultura y de Administraciones Públicas, que ahora está «en paro», dijo sentirse «absolutamente» una víctima. «Yo denuncié a esta señora cuando tuve conocimiento de las prácticas que realizaba. Se han alterado documentos con mi firma», añadió. Migoya reconoció que el actual clima social y político le está generando «aún más indefensión». «Cuando se imputa a una persona conocida como yo, aunque ya no tenga cargos públicos, eso tiene una serie de implicaciones que no son agradables para mis familiares ni para mi situación personal», admitió. Su abogado añadió que, frente a la mecánica delictiva de Renedo, que usaba transparencias, duplicaba expedientes y los falsificaba, «no se puede hacer nada, es complicado de descubrir». Para Migoya, «Renedo era una jefa de servicio más», de los 25 que tenía a su cargo. «Esos funcionarios tienen más relación con los directores generales. Yo delegué en ellos la elección de los jefes de servicio. Nunca despaché con ella, no hablaba con ella, me la habré cruzado tres veces», se defendió.

Migoya debe esperar ahora a que el juez decida si mantiene la imputación. En todo caso, su letrado presentó alegaciones para que acompañen al recurso de apelación que pasará a la Audiencia, una vez rechazado por el juez Sorando el recurso de reforma contra la imputación de la ex consejera, que adujo indefensión. En las alegaciones se incluyen catorce documentos de la parte del sumario a la que ha tenido acceso el defensor de Migoya. El letrado se quejó del «oscurantismo» de las imputaciones a la ex consejera, de forma que no se sabe muy bien qué delito podría haber cometido.

«Los consejeros tenemos la labor de la dirección política, es el aparato administrativo el que tramita los expedientes»

«En el momento en que supe que había una conducta reprochable actué con toda contundencia»

«Renedo era una jefa de servicio más, de los 25 que tenía. Nunca despaché con ella, nunca hablaba con ella, me la habré cruzado tres veces»

«Cuando se imputa a una persona conocida como yo, eso tiene una serie de implicaciones que no son agradables para mis familiares ni para mi situación personal»