Oviedo, J. A. ARDURA
El Principado no tiene constancia de la instalación de los monolitos contratados en 2010 por el ex viceconsejero Ángel González (actual portavoz parlamentario de IU) para señalizar las fosas comunes de la Guerra Civil en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica. González encargó 81 monolitos hace tres años, pero la empresa adjudicataria tiene aún sin entregar más de 40 piedras de caliza. La decisión de ejecutar esta obra, tomada por el actual portavoz de IU en la Junta cuando ocupaba el puesto de viceconsejero en el último Gobierno de Areces, le ha valido ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por considerar que existieron irregularidades vinculadas al fraccionamiento en tres contratos de un proyecto valorado en 62.700 euros.
El polémico proyecto es un interrogante para los actuales responsables de la Consejería de Bienestar Social, que afirman desconocer los trabajos realizados y la ubicación de los lugares exactos donde ya están señalizadas las fosas. La Consejería de Bienestar Social indica que «no ha podido hallar documentación alguna que especifique los lugares exactos y fechas concretas» en las que fueron colocados los monolitos de las fosas comunes contratados por Ángel González, según una comunicación de ese departamento a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.
González adjudicó en noviembre de 2010 tres contratos menores a la empresa New Construction, S. L., por valor de 20.900 euros cada uno. El objetivo era la ejecución de un total de 81 monolitos de piedra caliza y su correspondiente traslado e instalación en tres áreas de Asturias: el Oriente, el Suroccidente y la zona de las cuencas mineras comprendida entre los concejos de Langreo y Caso. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha tomado declaración al ahora portavoz de IU en calidad de imputado por el supuesto fraccionamiento de esa adjudicación, que fue cuestionada por la jefa de servicio de Asuntos Generales de la Consejería. Esta funcionaria, según declaró ante el juez instructor del caso, había advertido a González de las irregularidades en las que caería si optaba por el fraccionamiento de contratos. Este sistema, reiteradamente cuestionado por la Sindicatura de Cuentas, es un procedimiento que tiene menos controles.
La Consejería de Bienestar Social, que ahora dirige la socialista María Esther Díaz, ex alcaldesa de Langreo, ha comunicado a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que el arquitecto técnico y jefe de la sección de Obras del citado departamento no participó en los contratos objeto de investigación judicial. La Consejería dice que este técnico «no tuvo intervención alguna en la contratación de los hitos conmemorativos en fosas comunes de la Guerra Civil».
El Gobierno asturiano también ha remitido a la fiscalía la copia de un escrito enviado por la empresa adjudicataria a la Consejería de Presidencia donde concluye que todavía están sin colocar más de la mitad de los monolitos encargados por el ex viceconsejero Ángel González. La empresa no precisa la cifra exacta de hitos de piedra caliza pero deja entrever que, al menos, más de cuarenta están pendientes de ser entregados pese a que ese servicio ya fue contratado hace más de dos años, en noviembre de 2010. La Administración regional afirma que «no se ha podido hallar constancia documental del grado de seguimiento y ejecución de los trabajos objeto de los respectivos contratos más allá de las facturas sobre las que aparece un visto bueno con la firma del entonces viceconsejero de Bienestar Social».
El ex viceconsejero y actual portavoz parlamentario de IU ha mantenido, desde que trascendió su imputación, que no hubo ningún trato de favor en esa adjudicación, que no dio orden alguna para saltarse la ley, que no fue advertido de forma verbal ni por escrito del riesgo de irregularidades en esos contratos y que su intención era «tratar de agilizar» la señalización de las fosas de la Guerra Civil.
La fiscalía abrió diligencias en agosto de 2012 tras recibir un escrito del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas que alertaba de la existencia de varios reparos en un informe de fiscalización realizado por la Sindicatura asturiana. La fiscalía regional apreció indicios de un supuesto delito de prevaricación, lo que dio pie a que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias decidiera la imputación de González.
