El transporte asturiano amenaza con un invierno caliente si el Ministerio de Hacienda no comienza ya a devolver el dinero que tiene que reembolsar por el llamado "céntimo sanitario". Hace ahora justo seis meses (el 27 de febrero) que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) emitía una sentencia que declaraba ilegal este recargo que se aplicaba en España desde 2002 sobre el precio final de carburante, un extra que se usaba luego para financiar algunos servicios sociales. La sentencia obligaba al Estado a reintegrar a los camioneros lo que se había cobrado de más. Después de miles de reclamaciones a través de la Agencia Tributaria, e incluso decenas de sentencias a favor de los profesionales del sector, los transportistas denuncian que el dinero sigue sin llegar. Las estimaciones apuntan a que los camioneros de la región podrían aspirar a recuperar, como mucho, 100 millones.
El llamado Comité Nacional del Transporte (CNT) acaba de remitir una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, instándole a que comience ya a devolver las cantidades que adeuda. Le da de plazo hasta el 30 de septiembre para que haya avances en este sentido; si no es así, ya piensan en movilizarse. "Sabemos que es un asunto técnicamente muy complejo, pero los que metieron la pata fueron ellos, y aún no hemos visto ni un duro", resalta Ovidio de la Roza, presidente en Asturias de la patronal Asetra y líder del CNT. "A Montoro le hemos hecho un llamamiento muy duro y con firmeza, porque no es normal que aún no haya cobrado nadie", argumenta.
La vía más habitual por la que están haciendo sus reclamaciones los camioneros es mediante una herramienta creada por la propia Agencia Tributaria para intentar facilitar los trámites. El sector asume que va a ser imposible recuperar todo el dinero que el Gobierno cobró de más. La Administración, denuncian, está solicitando a los camioneros grandes cantidades de documentación para justificar la devolución. Según las cuentas que manejan, sólo se podrá recuperar como mucho unos 100 millones, ya que, apuntan las organizaciones empresariales, habrá muchos empresarios que no conserven las facturas de todos estos últimos años, fundamentales a la hora de hacer la reclamación. Incluso, añaden, habrá muchas compañías del transporte que habrán desaparecido por culpa de los golpes de la crisis.
Las cuentas de Asetra son las siguientes: la cifra que se podría reclamar en la región por el tramo del impuesto nacional (que suponía una tasa de 2,4 céntimos por cada litro de gasóleo) sería de unos 60 millones de euros, mientras que por el tramo autonómico (cuyo recargo fue variando durante los últimos años) sería de unos 40 millones. Se da la peculiaridad, además, de que los profesionales del sector tan sólo pueden reclamar por las cantidades cobradas de más desde el año 2009, pese a que el impuesto llevaba aplicándose desde el año 2002, ya que se considera que lo anterior a esa fecha ha prescrito.
El líder de la otra patronal asturiana del sector, Cesintra, Alejandro García Mojardín asegura, además, que "el plazo es que los pagos se hagan ya durante el último trimestre del año. En caso contrario habrá que tomar otras medidas de presión". Mojardín también tira de cálculos y explica que un camión que en uno de los años a los que se tiene derecho a reclamar sólo hubiera recargado en surtidores asturianos recorriendo unos 120.000 kilómetros tendría derecho a recuperar unos 1.900 euros de los que se le cobraron de más. Eso sí, en el caso de que conservara todas las facturas.
El fallo del tribunal europeo, en respuesta a un pleito entablado por una empresa de transportes catalana tanto contra la Generalitat como contra el Estado, concluye que este impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos carece de una finalidad específica, ya que no cumple el requisito de "garantizar por sí mismo la protección de la salud y del medio ambiente". "Al final, como mucho, sólo recuperaremos el 25% de lo que el Estado cobró de más", asegura Alejandro García Mojardín.
