Los sindicatos de la función pública aspiran a aprovechar la doble cita electoral del próximo año, con elecciones municipales y autonómicas en la primavera y generales en el otoño, para recuperar los derechos perdidos en la crisis, desde el inicio de las políticas de recortes y ajustes en 2010. La devolución de la paga extra, suprimida por decreto al colectivo de los empleados públicos es el objetivo prioritario pero no el único. Los funcionarios también pretenden la reposición de los días de libre disposición que perdieron en 2012 y, al menos, parte del poder adquisitivo perdido y que los sindicatos cuantifican en más de un 20 por ciento en la última década.
El colectivo de empleados públicos, que se venía quejando con anterioridad al estallido de la crisis económica de que había perdido poder adquisitivo respecto al resto de trabajadores por las limitadas subidas salariales en años precedentes, sufrió el primer tijeretazo en 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó una reducción salarial del 5 por ciento. Fue una decisión que cayó en cascada sobre los funcionarios de todas las administraciones, también en el Principado, donde entonces gobernaba el socialista Vicente Álvarez Areces.
El segundo ajuste, y más importante, llegó apenas dos años después, cuando Mariano Rajoy dictó un decreto que, entre otras medidas, suprimía la paga extra de Navidad, eliminaba tres días de libre disposición de los seis consolidados para todos los funcionarios conocidos como "moscosos" en la Administración, y anulaba de un plumazo los "canosos", los días de libre disposición obtenidos en función de la antigüedad de cada empleado público.
Los funcionarios quieren recuperar el terreno perdido a marchas forzadas y cuentan con la baza de la precampaña electoral más larga, que se prolongará durante prácticamente todo 2015 para hacer valer unas reivindicaciones que han mantenido vivas en Asturias desde el inicio de los recortes con movilizaciones y campañas como la del "viernes negro", con manifestaciones y concentraciones ante diferentes sedes de la administración regional y de la Junta General del Principado. "En la precampaña electoral, los gobiernos y los partidos, en general, suelen mostrarse un más receptivos. Y más ahora, viendo que el panorama político está bastante revuelto", afirmó el presidente de la Junta de Personal Funcionario del Principado, Miguel Ángel González. Los sindicatos han combinado estas movilizaciones con recursos judiciales que, a la postre, les han dado la razón como, por ejemplo, el relativo a la devolución de un tercio de la paga extra de 2012 al considerar que el decreto de ajustes de Mariano Rajoy no podía aplicarse con carácter retroactivo sobre los 44 días ya devengados cuando el Gobierno central adoptó esa decisión. Esta medida costará 20 millones de euros a la administración regional, que ya se ha comprometido a abonar ese dinero a los funcionarios en enero de 2015. Pero el primer paso de esa "reconquista" de derechos consistirá en tratar de recuperar la devolución de la paga extra en su totalidad, más allá del reintegro parcial ya acordado. De momento, el Principado y los sindicatos tienen previsto reunirse a lo largo del mes de septiembre para analizar si es posible llevar a cabo la devolución parcial de la paga extra en este mismo ejercicio. La administración regional, por su parte, está a la espera de que el Gobierno central mueva ficha en relación al reintegro total de esta paga, ya que, hace dos años, justificó su eliminación al entender que era una medida de obligada aplicación al tratarse de una normativa básica.
La reposición de los días libres perdidos desde julio de 2012 es el otro gran objetivo de los empleados públicos. El decreto de Mariano Rajoy suprimió tres días de los que ya ha devuelto dos: el Boletín Oficial del Estado publicó ayer la ley de racionalización del sector público, que recoge la restitución del segundo "moscoso". Los sindicatos también pretenden el reintegro de los llamados "canosos", los días libres adicionales que cada trabajador tenía en función de su antigüedad en el puesto. Y están dispuestos a mantener la campaña de movilizaciones para reforzar su estrategia. "Lo que está claro es que si los empleados no movemos el culo, no vamos a conseguir nada. Tenemos que aprovechar la cita electoral para mantener las reivindicaciones y que los gobiernos se vean obligados a devolver los derechos que nos arrebataron", afirmó Miguel Ángel González presidente de la Junta de Personal y delegado de la Corriente Sindical de Izquierdas. José Luis González, de Usipa, y Sergio Peña, de CSIF, comparten discursos similares. "En los meses preelectorales, los gobiernos siempre están mucho más suaves", destacó González. "Cuando pasen las elecciones, los Gobiernos no se vuelven a acordar de nuestras reivindicaciones hasta dentro de tres años", dijo Peña.
