La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, sopesa dejar su cargo ante las críticas de la oposición por su participación en una empresa familiar, en la que tiene casi el 20 por ciento de las acciones, que ha suministrado material a adjudicatarias de obras públicas. Destacados dirigentes socialistas sostienen en privado que la exalcadesa de Langreo "no aguantará la presión" al tratarse de un asunto que atañe directamente a su círculo más cercano. Y, aunque niegan con rotundidad que los datos que conocen sobre su participación en la sociedad impliquen ilegalidad alguna, sí consideran que ofrecen dudas éticas, especialmente en el actual clima político, con una opinión pública que vigila más que nunca la actividad de los altos cargos. "Esto acaba mal", auguran miembros del partido, que también acusan directamente a Foro Asturias de haber instigado una campaña de desprestigio hacia su compañera.

Díaz, por su parte, se ha remitido en todo momento a su comparecencia de mañana en la Junta General del Principado, donde tiene previsto dar explicaciones sobre su participación en Davelco, la empresa que dirige su marido, que alquila material para constructoras. A día de ayer, la consejera no había tomado una decisión sobre su futuro político, que podría anunciar durante la propia comparecencia parlamentaria.

El silencio del PSOE

Desde que estalló esta polémica, ni el Gobierno autonómico ni la dirección del partido han mostrado su apoyo público a Díaz. Pero, lejos de los focos, muchos sostienen que su crédito está a punto de agotarse, aunque insisten una y otra vez en que lo conocido sobre su actividad en Davelco no comporta ilegalidad, como ratificarían los informes jurídicos encargados al respecto. La ley no permite a las empresas de altos cargos contratar directamente con la Administración. Según esos informes, esta sociedad no sería contratista ni tampoco subcontratista.

Davelco suministró material para obras como la construcción del Nuevo Ganzábal de Langreo, el desdoblamiento de la AS-17, el soterramiento de la línea de FEVE en Langreo, el HUCA, el campus de Mieres y el geriátrico construido por el Montepío de la Minería con Fondos Mineros, entre otras.

Izquierda Unida llegó a pedir la dimisión de Esther Díaz por entender que, con su participación en Davelco, incumple la Ley de Buen Gobierno, actualmente en tramitación en la Junta y que prohíbe que los altos cargos sean subcontratistas de la Administración cuando tengan más del diez por ciento de las acciones.

Díaz llegó a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda a mediados de 2012. Desde entonces, ha tenido que lidiar con algunos de los asuntos más espinosos de la legislatura, como la tramitación del salario social. Licenciada en Derecho, fue alcaldesa de Langreo casi nueve años.