Los pensionistas y concejales de Coaña que viajaron a La Coruña en 2009 con cargo a Aquagest conocieron la historia de la Torre de Hércules y también fueron munición en el disparadero político del Partido Popular. Esto es, al menos, lo que sostienen fuentes cercanas a la investigación de la trama de agua consultadas por este periódico. "Los de Coaña habían apoyado a Juan Morales en el congreso de 2008 y teníamos que atraerlos hasta Ovidio Sánchez, que fue el que ganó aquel congreso", reconocen medios próximos a los imputados en el caso y que participaron en su organización. Aquel viaje a La Coruña está siendo investigado por la magistrada titular del Juzgado Número 3 de Avilés desde finales de 2012. Por él está imputado parte del gobierno municipal de Coaña, con el Alcalde Salvador Méndez a la cabeza.
Según las mismas fuentes, en origen, la excursión de los pensionistas coañeses sólo tenía un objetivo: conocer la ciudad. Los organizadores editaron un folleto y contrataron a una guía turística incluso. Pero los equilibrios de poder en el PP de Asturias salieron a la palestra. Las direcciones del PP en Coaña y Navia fueron las encargadas de montar el viaje, concretamente, Rosana González (teniente de alcalde de Coaña) y Roberto Santiago (entonces, presidente del PP en Navia). Pidieron que la dirección regional subvencionase la excursión, pero esta se negó "porque si no, se abría la espita y otras juntas podían empezar a pedir". Joaquín Fernández, imputado en el caso y que en ese momento era miembro de la dirección regional del PP, refirió el pasado día 20 a la jueza que dirige la investigación que él se había brindado "a desbloquear esa subvención" con el fin de "no perder" prestigio político en el partido. Es decir, que movería los hilos para que los pensionistas se fueran a La Coruña y regresaran con la sensación de que la dirección regional, en manos de Ovidio Sánchez, contaba con ellos. Un año antes, los compromisarios de Coaña respaldaron a Juan Morales frente a Ovidio Sánchez en el congreso del partido.
Se lió la madeja, sostienen las mismas fuentes, cuando Joaquín Fernández intervino en la operación. "Porque no consiguió desbloquear la decisión del partido". Pero la misión no cesó. Fernández reconoció a la jueza -el mismo día 20- que colocó la factura del viaje al responsable de Aquagest en Asturias "dentro de la política de responsabilidad corporativa que tiene la empresa". Sin embargo, los organizadores habían recogido ya las cuotas de los que iban a viajar. La empresa Aquagest necesitaba una factura para justificar el pago del viaje y para ello, dicen las mismas fuentes, era preciso "pagar un porcentaje de la reserva" y esa parte la abonó "de su bolsillo" el propio Fernández, sostienen medios cercanos al imputado. Sin embargo, ese porcentaje bloqueado no ha sido detectado por los agentes de la Policía Nacional.
Fernández Díaz sostiene, sin embargo, que recibió de Roberto Santiago el dinero del pago de los billetes que él mismo había adelantado a la agencia que habían contratado para hacer el viaje. "Esto no quiere decir que se lo haya quedado, que sea un ladrón de viejos", añaden fuentes cercanas a Fernández. La Policía, sin embargo, sostiene que sí, que "se lo quedó (...) posiblemente, como pago de las gestiones realizadas".
El nombre de Joaquín Fernández Díaz también aparece en la investigación de las pernoctaciones en el Hotel Balneario de Las Caldas, en Oviedo, que era la base de la empresa Aquagest en Asturias. Fernández Díaz trabaja para esta compañía -del grupo Agbar- desde 2003 en distintos puestos -últimamente, como administrativo, aunque también fue comercial-. La Policía le acusa de "haber ascendido" en la trama al pasar de habitaciones sencillas a "full crédit". "Sólo hay que ver las facturas para comprobar que no hay diferencias entre unas y otras. Todas tienen el mismo precio. También le acusan de haber participado en el cumpleaños de Henry Laíño -director de la zona Norte de Aquagest-. Laíño nació el 17 de octubre de 1968. Hay una factura de dos mil y pico euros en habitaciones. Fernández Díaz estuvo en Las Caldas la noche del día 14 al 15 de octubre, es decir, no estuvo el día del cumpleaños de su jefe", sostienen las mismas fuentes. El propio Fernández lo corroboró ante la jueza. "Hay mucho informe, sí, pero pocas pruebas", añaden personas de su confianza.
Los partidos, expectantes
Los partidos políticos están a la expectativa del curso que tome la investigación judicial sobre Aquagest, la empresa que gestiona servicios en una veintena de municipios asturianos y que pagó los viajes de varias decenas de cargos públicos de la región entre 2009 y 2013, según un informe policial desvelado por LA NUEVA ESPAÑA. Las direcciones de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y del PP no han movido ficha, hasta el momento, con el argumento de que está en marcha una investigación judicial y de que deben ser los propios afectados quienes ofrezcan explicaciones. La postura de socialistas y populares encaja en el espíritu de una resolución aprobada por el parlamento asturiano a finales del pasado año por el que todos los partidos se comprometían a apartar de cargos políticos o institucionales a aquellos dirigentes a los que se les abriese juicio oral o que cometieran un delito.
La FSA ha situado el "listón ético" de sus cargos públicos en la apertura del juicio oral. Ese fue el criterio mantenido en los casos de la exconsejera Ana Rosa Migoya con la investigación de la operación Marea y del exalcalde de Cudillero y exdiputado Francisco González, juzgado y condenado por un delito de exacciones ilegales; y también con la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, durante la instrucción del caso Niemeyer. De ahí que , por el momento, no tome medidas contra los dirigentes, alcaldes y concejales, invitados por Aquagest, sobre todo a Barcelona o a Madrid. La dirección de los socialistas reaccionó con rapidez ante la amnistía fiscal del exlíder minero José Ángel Fernández Villa porque no desmintió haber ocultado su fortuna al fisco.
El PP asturiano, que preside Mercedes Fernández, también está a la expectativa de las novedades que puedan aparecer en la investigación judicial. Por ahora los populares no se han planteado vetar en las candidaturas electorales.
