El pacto que estos días se discute en Madrid para frenar la crisis láctea no termina de cuajar como salida de emergencia. El acuerdo que lidera el Ministerio de Agricultura contempla dar transparencia a la cadena, garantizar la recogida de leche, evitar su uso como producto de reclamo en las tiendas y promover la identificación del país de origen en los envases. Todas estas son medidas positivas, pero no suficientes, a juicio de los ganaderos. Los sindicatos UPA y COAG insisten en que el documento no resuelve el problema de fondo: la bajada generalizada de precios. "Sin compromisos más concisos no es posible suscribir un acuerdo abstracto, que no mejora la situación que están viviendo las explotaciones", asegura Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG Asturias, una de las organizaciones que a nivel nacional han supeditado su apoyo al pacto a apreciar "gestos" por parte de la industria y la distribución.
En este sentido, la ministra Isabel García Tejerina destaca que tanto los supermercados como las marcas comerciales se han comprometido a mejorar sus relaciones comerciales y a compartir los beneficios que obtienen con los ganaderos. Dicho con otras palabras, a partir de ahora no sólo se conocerán los precios a los que los productores venden su leche a la industria, sino también los valores a los que esta última comercializa con las cadenas de distribución. Según la Interprofesional láctea, que preside el asturiano Ramón Artime, uno de los puntos básicos que se acordaron el jueves en la reunión que la titular de Agricultura mantuvo con el sector fue dar transparencia a la cadena. La industria láctea tendrá la obligación de comunicar mensualmente los precios netos de cesión a la distribución con el objetivo de saber en qué punto de la cadena se deja más dinero. Esta información se gestionará "cumpliendo estrictamente con la Ley de Defensa de Derechos de la Competencia (CNMC)", tal y como reza el borrador.
Otra de las claves del acuerdo, que compromete a la distribución, es valorizar la leche evitando su uso como producto de reclamo en los establecimientos e identificar el país de origen en los envases con el objetivo de "mejorar la información que se facilita al consumidor". Esta es una reclamación que hacían los ganaderos de la región, pero que en opinión de Joaquín López, secretario general de Unión Campesina de Asturias (UCA) no es efectiva. "De nada sirve que esta medida se aplique sólo en España si nos están inundando los mercados con producto externo", razona López, que aboga por instaurar una etiqueta común para todos los países de la Unión Europea.
Una de las medidas que propone el Gobierno central y que más críticas está generando es la que se refiere a implantar "un contrato tipo compraventa de leche en el que se garantice al productor la recogida a un precio que permita su sostenibilidad y sea acorde al mercado". Con respecto a la recogida, concreta el texto, deberá de ser al menos un volumen equivalente al obtenido en el último año, "quedando a la negociación de las partes el tratamiento a dar a los volúmenes que sobrepasen dicha producción". La acción es buena, pero no concreta, según COAG. "Al principio se habló de precios que cubriesen los costes, pero luego se cambió por el de precios sostenibles. El problema que hay es que no tenemos una definición clara de esto último, lo que hace imposible verificar a corto plazo la buena voluntad de los agentes", explica Mercedes Cruzado. Su sindicato pide un "armamento jurídico" que garantice la imposición de sanciones en el caso de que no se firmen contratos con precios sostenibles.
Al margen de ello, Cruzado cree que el acuerdo "no aporta nada", ya que se trata de una "mera declaración de buenas intenciones". Lo mismo opina Joaquín López, de UCA, que afirma que lo que hace falta en estos momentos es hablar claro. Y eso implica "hablar de precios y de volúmenes de producción". El Gobierno insiste en que no puede fijar unos precios mínimos, como solicitan los ganaderos, ya que atenta contra la libre competencia. La otra opción, planteada ante la Comisión Europea, era subir los precios de intervención, pero el Ejecutivo comunitario se negó a ello la semana pasada en una reunión extraordinaria en Bruselas.
Estos son los "flecos" que según la ministra de Agricultura -confía en cerrar un acuerdo para el sector lácteo dentro de quince días- quedaron por resolver en el encuentro del jueves. Sin embargo, Tejerina olvida que esos "flecos" pueden ser determinantes. De hecho, los ganaderos gallegos, descontentos con las bases del pacto, acordaron ayer incrementar sus protestas con el fin de conseguir de una vez por todas "precios justos" para la leche. En el caso de aplicarse, el acuerdo no conseguiría efectos positivos inmediatos, sino más bien a largo plazo. El PSOE registró ayer en el Congreso una solicitud de comparecencia de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para que informe de qué va a hacer ante la "gravísima crisis" que atraviesa el sector y que "no se arregla con buenas palabras sino tomando medidas" tanto a nivel nacional como comunitario. La consejera de Desarrollo Rural del Principado, María Jesús Álvarez, cree que el pacto va "en la buena dirección", pero que "no sólo vale con la firma, sino que luego hay que ponerlo en práctica".
