Paso al frente de la nueva directora general de Universidades para enterrar las tensas relaciones que mantienen desde hace años los representantes de los universitarios y el Gobierno regional. Cristina Valdés se mostró ayer dispuesta a "revisar en profundidad" el polémico reglamento de permanencia, que rige las expulsiones por insuficiencia académica, durante su primer encuentro con los responsables del Consejo de Estudiantes. "Soy favorable a posibles cambios, pero siempre con consenso del Consejo Social, el órgano encargado de aprobarlos", aseguró a este diario la dirigente autonómica tras la reunión.

Valdés, que accedió al cargo hace tres semanas, pidió a los miembros del Consejo de Estudiantes que pongan por escrito sus reivindicaciones para la modificación del reglamento de permanencia antes de iniciar el diálogo. De esta forma, da un giro a la postura mantenida hasta ahora por sus antecesores en la Consejería de Educación y Cultura, que se habían mostrado reacios a cualquier cambio en la norma a pesar de las continuas protestas de muchos alumnos.

Los representantes de los universitarios, encabezados por su presidente, Jorge Fernández, mostraron su satisfacción por la disposición al diálogo de Valdés. "Ha estado de acuerdo con la mayor parte de modificaciones del reglamento de permanencia que le hemos propuesto", señalaron en un comunicado emitido tras el encuentro. Entre las exigencias que defienden los estudiantes figuran suprimir la pérdida de una convocatoria en caso de no presentarse al examen bajo cualquier circunstancia, evitar la aplicación del reglamento a los matriculados que acumulen un alto porcentaje de créditos de sus titulaciones aprobados, legislar el derecho a que se computen como convocatorias no presentadas aquellas en las que el alumno entregue el examen antes de que transcurran los diez primeros minutos y eliminar el requisito de que 48 de los 90 créditos exigidos al terminar tercero para poder matricularse en cuarto se correspondan con asignaturas de primero.

El reglamento de permanencia, aprobado hace más de cuatro años, ha provocado desde su aplicación constantes protestas por parte de los estudiantes de la Universidad de Oviedo, al entender que impone condiciones demasiadas dudas. En mayo, el Gobierno autonómico impulsó en el Consejo Social una mínima modificación que apenas ha logrado disminuir el número de expulsados. Este órgano recibió más de medio millar de recursos contra la norma el pasado curso.