Miguel Rodríguez Blanco es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Alcalá de Henares, donde fue durante cuatro años secretario general. Ha cumplido 40 años, está casado y tiene dos hijos. Nació en Gijón pero se crió en la localidad llanisca de Malatería (La Maletería). Obtuvo la licenciatura y el doctorado en Derecho en la Universidad de Oviedo, en ambos casos con premio extraordinario. Hace un año y medio recibió el premio de investigación "Julián Marías", que entrega la Comunidad de Madrid, por su participación en once proyectos, en cinco de ellos como investigador principal y sus 138 publicaciones (desde entonces ha sumado varias más) sobre Derecho Eclesiástico del Estado. Vive en Alcalá de Henares y veranea en Malatería , donde asegura que recarga pilas y donde se le puede ver, por ejemplo, en zapatillas por la calle o cuidando las ovejas de su padre. No obstante, siempre viene a Llanes con su ordenador porque encuentra huecos para seguir trabajando entre la "tranquilidad" de su pueblo. Se declara "creyente, muy poco practicante".
-¿Qué es el Derecho Eclesiástico del Estado?
-Una disciplina sobre las normas del Estado en relación con el factor social religioso. Estudia, por ejemplo, las relaciones Iglesia-Estado, el derecho a la libertad religiosa o el derecho matrimonial. Doy clases a estudiantes de la carrera y de posgrado de Derecho, también de posgrados de Derechos Humanos y también a estudiantes del doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Es una asignatura "neutral", que toma como base la Constitución y en la que las ideas personales y las ideologías han de quedar al margen.
-¿Cómo están en la actualidad las relaciones Iglesia-Estado en España?
-Muy bien. El actual concordato se firmó el 3 de enero de 1979, así que suma 36 años de vigencia y no está en absoluto cuestionado. El Tribunal Constitucional lo declaró compatible con la Constitución y no es previsible que se reforme a corto plazo.
-Salvo que Podemos alcance el poder en las elecciones generales de noviembre...
-Sí, entonces quizá sí se reforme. El modelo español se basa en los acuerdos alcanzados con las principales confesiones religiosas: evangélicos, judíos, católicos y musulmanes. Así que reformar el concordato implicaría reconsiderar los acuerdos con todas las confesiones, no sólo con la Iglesia católica. El concordato no es un vestigio del pasado. Acuerdos similares al de España hay en Italia, del año 1929 y modificado en 1984. Y casi todos los países de la Europa del Este, tras la caída del Muro de Berlín, cerraron acuerdos con la Santa Sede inspirados en el modelo español. La ley española de Libertad Religiosa de 1980 ha sido un paradigma en esa zona de Europa. El anterior presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habló de reformar la ley para adaptarla a la laicidad, pero el proyecto se abandonó. El modelo español se utilizó mucho como texto paradigmático en Europa del Este y Latinoamérica, porque es estable y permite manifestarse a los seguidores de todos los cultos, aunque respeta el peso histórico de la Iglesia católica, que es evidente sólo con mirar, por ejemplo, la catedral de Oviedo, y que no desaparece de la noche a la mañana.
-¿Es justo que el Estado español apoye económicamente a la Iglesia católica?
-Todos los países de Europa apoyan económicamente a los grupos religiosos, incluso Francia, pese a que sus normas lo prohiben. La religión es un hecho presente en la sociedad y los estados sociales y democráticos apoyan todo tipo de iniciativas públicas y privadas si tienen relevancia social. Un ejemplo: se promociona la ópera, pese a que no a todo el mundo le gusta. Denunciar los acuerdos con la Santa Sede es legítimo, pero tiene que estar prevista la alternativa, porque en caso contrario quedarían muchas incógnitas en el aire: ¿habrá clase de religión en los colegios?, ¿tendrán que irse al paro los profesores de Religión? ¿Se eliminaría la asignatura de Religión sin tener en cuenta la opinión del cincuenta por ciento de los padres que la eligen para sus hijos? Si se defiende la democracia directa o participativa habrá que preguntarles a todos los afectados.
-¿Debe la Iglesia pagar el IBI, como reclaman la mayoría de los partidos de izquierda?
-La Iglesia católica y otras religiones no pagan el IBI sobre la base de la ley de Mecenazgo de 2002, que excluye del pago a aquellas organizaciones sin ánimo de lucro cuyos fines sean de interés general. Ninguna fundación paga el IBI, y tampoco las asociaciones de utilidad pública. ¿Por qué debería hacerlo la Iglesia? ¿En un sistema neutral de no discriminación por razones de religión, puede justificarse que la Iglesia pague el IBI y otras fundaciones no? ¿Cáritas, que atiende por ejemplo a drogodependientes, debe pagar el IBI y otras asociaciones no? Como se ve, el debate no es tan simple. En un debate serio deben utilizarse razones jurídicas. Otra cosa son los debates de chigre.
-¿Tiene un trato excesivamente favorable la Iglesia católica en España?
-En Francia, paradigma de la aconfesionalidad y la laicidad, hay capellanes pagados por el Estado en los hospitales, en los cuarteles militares... e incluso en los institutos de Secundaria, algo que en España se eliminó en 1980. España ha vivido un proceso de secularización muy grande y, a partir de 1978, se ha apostado por la libertad religiosa y porque cada cual crea o no crea lo que estime oportuno. Hasta los cementerios dejaron de ser católicos en 1978 y pasaron a ser un servicio público, derribándose los muros que separaban las zonas civiles. Así, dejaron de ser bienes demaniales, y pasaron a ser neutrales, y en ellos pueden enterrarse los creyentes, los agnósticos o los ateos. Son avances muy significativos.
-¿Cómo valora las fuertes críticas que recibe la Iglesia católica desde algunos sectores de la sociedad?
-Cuanto más fuerte es la pasión política, más débil es el derecho. Pasa lo mismo con el fútbol: es muy difícil una aproximación neutral si se es forofo. Muchas veces uno ya viene con el veredicto. Así, se oyen frases del tipo: "hay que acabar con los privilegios de la Iglesia? Y yo pregunto: ¿cuáles son esos privilegios? Es complicado argumentar frente a alguien que llega con las conclusiones de antemano. La juventud actual está muy distanciada de las instituciones religiosas, porque la espiritualidad se vive de un modo mucho más individual.
-¿Le parece bien que la Iglesia haya inscrito a su nombre la mezquita de Córdoba?
-Hay quien afirma que la hacerlo ha usurpado un patrimonio de la humanidad. Pero, primero, todos los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad tienen propietario. La Universidad de Alcalá lo es y su titular no es la humanidad. Un bien patrimonio de la humanidad, simplemente, ha de estar a disposición de todos los ciudadanos y su propietario debe conservarlo y mantenerlo. Es demagógico decir que un bien patrimonio de la humanidad es "de todos". Eso es falso. Segundo: la mezquita es un templo católico desde el siglo XIII. Se puede documentar. Es una catedral, y como tal, según establece el derecho canónico, es la sede de un obispo. Es un templo abierto al público y dedicado al culto católico desde hace 800 años, así que la Iglesia no usurpa nada. Este es un debate con un enorme sesgo ideológico. Esto vende.
-¿Está la educación en España, y más en concreto la universidad, tan mal como se afirma?
-No. Hay un dato objetivo: la financiación pública ha bajado de forma considerable a raíz de la crisis en determinadas comunidades autónomas; en Madrid, por ejemplo, mucho más que en Asturias, Pero hoy los centros educativos tienen unos recursos que no tuvieron en la historia: bibliotecas, aparatos científicos, becas... La universidad ofrece unos recursos para investigar que nunca antes hubo. Pero los españoles somos muy de extremos. Sí es preocupante el enorme aumento del precio de las matrículas, que ataca la igualdad de oportunidades. Es un asunto a solucionar. También hemos bajado el nivel de exigencia, porque ha habido un cambio en el perfil de los estudiantes y en lo que estos entienden por conocimiento.
-¿Qué investiga un experto en Derecho Eclesiástico del Estado?
-Por ejemplo, el reconocimiento y la tutela del derecho a la libertad religiosa y la no discriminación por razón de religión. O el régimen jurídico de los cementerios y las sepulturas en España, que es de lo que trata mi último libro.
-¿Cómo llega alguien a esa área de conocimiento tan concreta y desconocida para el gran público?
-Hice la carrera de Derecho en Oviedo y tenía claro que quería dedicarme a la investigación en el mundo jurídico. En el tercer curso tuve esta asignatura y me encantó, porque es una materia interdisciplinar, que te obliga a conocer todas las áreas del Derecho y te da una visión completa del ordenamiento jurídico.
-¿Qué le parece la irrupción de los partidos llamados emergentes?
-No me parece bien que se cuestione el régimen de 1978, ni que se venda la transición como una especie de arreglo para salir del paso. La Constitución de 1978 se inspira en la de Alemania de 1949 y en la de Italia de 1947, y es muy avanzada desde el punto de vista democrático. Consolidó los derechos fundamentales y las libertades públicas y permitió un gran desarrollo económico y social, con un grado de consenso y participación nunca antes visto en la historia de España. No se puede descalificar ese modelo sin alternativas, ni a los actores que permitieron el paso de la dictadura a una democracia homologable a las de Europa occidental.
