La Junta General del Principado ensayó ayer el debate que le espera en los próximos meses, enseñando por dónde irá la discusión hacia el presupuesto regional de 2016. Quedó claro que el presidente del Principado, Javier Fernández, comparte la inquietud preliminar de IU, su socio de investidura y principal interlocutor, que "a falta de texto", se dice "preocupado por el contexto", según la expresión que empleó ayer en la cámara el portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares. En una línea similar, el jefe del Ejecutivo regional se previene contra el ambiente contaminado que desafiará a un Gobierno en minoría obligado a negociar las cuentas entre el fuego cruzado de las vísperas de la campaña para las elecciones generales de diciembre. "Estoy preocupado", concretó el Presidente, "porque hay mucha impostura en política y estamos en tiempo electoral, en tiempo de miedo", y en este terreno "se plantea la posibilidad de que apoyar el presupuesto del Gobierno pueda colisionar con los intereses de determinados grupos y de que este interés partidista pueda operar en contra del bien general". Es en ese punto donde Fernández introduce ya la petición a la cámara de "la altura política necesaria, por el bien de los asturianos".

IU había introducido el asunto presupuestario en el orden del día interpelando al Presidente, diciéndose de entrada dispuesto a alejar el fantasma de la prórroga a cambio de "un presupuesto hacia la izquierda" y declarándose enemigo de la resignación y el "fatalismo" que al decir de Llamazares se atisba, por ejemplo, detrás de las palabras del presidente de la patronal asturiana, Pedro Luis Fernández, allí donde dijo que "si los políticos no son capaces de aprobar un presupuesto común, deberían marcharse". Llamazares, que sostiene de entrada que "no nos resignamos ni apostamos por el bloqueo, sí por el cambio y la exigencia", pide lo que pide su acuerdo de investidura y tiende la mano para unas cuentas donde los ingresos respeten la consigna de que "pague más quien más tiene" y traigan al primer plano los servicios públicos, el rescate social, las inversiones canalizadas hacia la sostenibilidad económica y ambiental o un calendario cierto de recuperación de derechos sociales para los funcionarios.

Javier Fernández manda por delante la convicción de que las primeras medidas adoptadas por su Gobierno dan "pruebas" de que son exactamente esas sus prioridades. Apunta que "las decisiones han atendido ya a los colectivos más vulnerables. Hemos destinado 474.775 euros a que los ayuntamientos ayuden a las familias que sufran la pobreza energética; en agosto, medio millón para la pobreza infantil... Esas medidas son una prioridad que debe tener reflejo en el presupuesto". En esa dirección, y a pregunta de Ciudadanos, el Presidente reprodujo ayer sus propósitos para hacer que los empleados públicos recuperen la paga extra de Navidad, suprimida en 2012, en tres plazos de aquí a 2017. "Eso es lo que desearíamos", matizó, aunque "por un principio de prudencia por las restricciones presupuestarias no puedo asegurarlo".