La reforma del sistema de financiación autonómica no será posible si, al mismo tiempo, no se modifican los cupos forales. El País Vasco y Navarra tendrán que corregir su "escasa aportación" al principio de solidaridad interterritorial que garantiza la Constitución, el mismo documento que consagra los conciertos de ambas autonomías. Asturias y Castilla y León son las comunidades más rotundas en la exigencia de una mayor participación del País Vasco y Navarra en los fondos de solidaridad, pero no las únicas. Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y, en menor medida, Canarias y Valencia también han hecho alusión a la gran diferencia entre los recursos con los que cuentan las comunidades forales respecto al resto de autonomías, en los informes sobre el balance del sistema de financiación remitidos al Ministerio de Hacienda.
El cambio del sistema de financiación autonómica es una de las asignaturas pendientes del Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque la pretensión inicial del Presidente era haber abordado esa reforma en 2014, la crisis y, sobre todo, la caída de ingresos en las arcas públicas aconsejaron retrasar este debate hasta que mejoraran las cuentas y la recaudación de impuestos. El Ministerio de Hacienda, no obstante, creó un grupo de trabajo y, en primer lugar, pidió a cada una de las autonomías del régimen común de financiación su análisis sobre el sistema vigente, aprobado durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
La lectura de los 177 folios en los que Hacienda ha compilado las posiciones de las 15 autonomías y las dos ciudades autónomas ofrece un rosario de quejas con un denominador común: los recursos del modelo son insuficientes para financiar los servicios básicos. La necesidad de una reforma fiscal es uno de los argumentos más repetidos y más de la mitad de las autonomías se detienen en la coexistencia de dos modelos de financiación completamente distintos: el régimen común y el de las comunidades forales. Según Castilla y León, la media de los recursos de las comunidades forales supera en un 75 a la de la media del resto. Asturias no cuestiona la existencia de los conciertos forales pero considera conveniente hacer cambios. El Principado "aboga por abordar una reforma en un plazo razonable de tiempo para igualar los resultados financieros obtenidos por todas las comunidades autónomas". El informe del Ministerio, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, recoge que Asturias "considera evidente la escasa aportación que los territorios forales hacen al principio de solidaridad" y pone reparos al cálculo de los cupos, la materialización numérica de los conciertos vasco y navarro: "La poca información que existe sobre el método de cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, con numerosos mecanismos de ajuste favorables a estos territorios, sostiene que ha devenido en un claro privilegio financiero, ajeno a los principios constitucionales", concluye Asturias.
La valoración de Castilla y León sobre el impacto de los cupos forales en la financiación del conjunto de autonomías resulta igual de categórica: "La conculcación del principio de igualdad en términos financieros derivada de los defectos en la aplicación de los regímenes forales, es de tal magnitud que no es posible diseñar un sistema de financiación de régimen común suficiente en el tiempo y a salvo de tensiones sin abordar el ajuste de la sobrefinanciación foral". El gobierno de Castilla y León (PP), al igual que el de Asturias, no discute el régimen foral "sino una defectuosa aplicación práctica de este régimen, que produce perjuicios a los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas".
