Podemos añadió ayer cierta incertidumbre al proceso que busca un camino hacia la reforma del régimen electoral en Asturias. Son dudas de encaje jurídico, de acoplamiento técnico de la propuesta que el representante de la formación morada, el diputado Daniel Ripa, lanzó sobre la mesa del grupo de trabajo que analiza en la Junta la renovación del modelo. Ripa expuso un mecanismo de avance hacia el fortalecimiento de la participación ciudadana, con "consultas a nivel municipal y autonómico -como máximo, dos veces al año-" y de supresión de las trabas actuales para que el parlamento debata proposiciones nacidas de iniciativas populares. Nada que objetar sobre el fondo de la cuestión, o eso dijeron todos los grupos asistentes -el PP tampoco estuvo ayer, Foro envió a una asesora-, salvo que eso ahora no toca. O que no cabe aquí. Que sí, que están básicamente en sintonía, pero que jurídicamente eso no forma parte del contenido de la ley electoral y ha de ser discutido en otro ámbito legislativo.
El caso es que Podemos, cuyos votos son imprescindibles para la mayoría amplia que requiere una reforma bloqueada en la pasada legislatura por falta de consenso, presentó su propuesta en modo "línea roja" -"no apoyaremos ninguna iniciativa que no incluya una visión global de la participación", dijo Ripa- y además subió la apuesta con la limitación de mandatos, tanto del presidente del Principado como de los diputados. A esto replicaron todos que tampoco cabe aquí, sí tal vez en la Ley del Presidente. Gaspar Llamazares (IU) adujo directamente que las trabas a diputados "no existen en ningún otro sitio" e Ignacio Prendes (Ciudadanos), que sí a los cargos ejecutivos y que "tenemos que estudiar" las de los parlamentarios.
A pesar de todo, teniendo en cuenta el consenso recabado hasta ahora -de todos excepto de Foro y PP-, los asistentes convinieron a coro que su visión respecto al futuro de la reforma es "optimista" y el nivel de acuerdo considerable más allá del encaje normativo que puedan tener algunas propuestas.
