La concentración parcelaria, la fórmula del campo que combate el minifundio en la zona rural de Asturias, está en auge. El número de propietarios que solicitan una reorganización de sus fincas no para de aumentar. El director general de Montes e Infraestructuras Agrarias, José Antonio Ferrera, atribuye este fenómeno a un mayor interés por obtener explotaciones eficientes y competitivas, las cuales sólo se consiguen a base de tamaño. "Si no hay concentración, no hay vida", sostiene Ferrera. Hasta la fecha, la consejería de Desarrollo Rural ha concentrado un total de 52.000 hectáreas, repartidas por toda la región, aunque principalmente por el centro y el occidente. El proceso de agrupación de parcelas lleva de media tres o cuatro años, debido a su complejidad, pero sobre todo, a la falta de personal. Ferrera se queja de que el treinta por ciento de los puestos de su departamento están vacantes. "Se producen jubilaciones y luego las plazas no se cubren. Andamos mal de plantilla", asegura. Las limitaciones económicas -el presupuesto de este año fue de 790.000 para la concentración y más de 3 millones para la red de caminos- imposibilita desarrollar también más proyectos y atender la creciente demanda.
Pese a esta problemática, el trabajo en la dirección general de Montes no cesa. Actualmente, los técnicos están operando en 23 áreas, llamadas "zonas vivas", ubicadas en los concejos de Tineo, Valdés y Cangas del Narcea, de donde salen un mayor número de solicitudes, debido a su actividad agrícola. En 2014 se decretaron en concentración parcelaria -la primera fase del programa- seis nuevos perímetros, de 2.685 hectáreas, y la previsión para este año es intervenir también en otras seis zonas, de unas 3.500 hectáreas.
A través de la reorganización de terrenos, sus propietarios consiguen obtener fincas más grandes, rentables, bien comunicadas y debidamente registradas. "El principal problema que hay con la tierra en Asturias es que tenemos parcelas muy pequeñas, sin acceso rodado y cuyos dueños en muchos casos no pueden acreditar su titularidad", señala José Antonio Ferrera. Como solución, el Principado lo que hace es transformar el territorio y dotarlo de infraestructuras para hacerlo más rentable. "Ni se da ni se quita terreno; se racionaliza. Es decir, cambiamos por ejemplo diez fincas de diez hectáreas por una o dos fincas también de diez hectáreas. Con el añadido, de que esas parcelas están comunicadas por un camino de características adecuadas para el servicio agrario", explica.
Con este lavado de cara, matiza el director general de Montes, los propietarios pueden explotar directamente sus parcelas o bien arrendarlas. Además, la consejería de Desarrollo Rural no sólo resuelve un problema físico, sino también legal al concederles un título de la propiedad. El proceso para concentrar terrenos en Asturias comienza con una solicitud que hacen los dueños. De todas las que recibe el Principado, la dirección general de Infraestructuras Agrarias hace una selección, en función a tres factores básicos: número de parcelas, explotaciones en activo y densidad de caminos por hectárea. "Si hablamos de una ganadería en activo o de un propietario con una gran dispersión de tierras, entonces le damos prioridad a ese", precisa José Antonio Ferrera. Una vez controladas las áreas sobre las que se piensa intervenir, se hace un estudio preliminar del lugar para comprobar su idoneidad y se inicia una investigación recogiendo las aportaciones que hace cada dueño (siempre tiene que haber un acuerdo del cincuenta por ciento de los propietarios de las tierras).
A partir de ahí, los ingenieros de la Administración regional realizan una clasificación de las áreas y un proyecto de la red de caminos. Todo ello tiene que pasar por un proceso de exposición pública y de alegaciones, que concluye con la redacción de una resolución, en la que se asignan a los titulares las nuevas fincas en función del valor de las que aportaron. Finalmente, se ponen los mojones y se hace un acta de entrada. Todo ello puede durar entre tres o cuatro años. "El procedimiento es largo y complejo, porque tiene que pasar por varias fases de información pública".
La dirección general de Montes pone como requisito para realizar una concentración parcelaria que el perímetro sea coherente y homogéneo entre paisaje y paisanaje. "Tiene que tener una lógica", aclara Ferrera. Aunque no se establece un límite de hectáreas, la reorganización de fincas suele hacerse de diez a mil hectáreas, ya que a partir de esa cifra, el proceso se complica de forma notable. Aparte de la concentración pública de pastos y montes, está también la privada, que en palabras de Ferrera "no ha conseguido despegar, pese a que los costes se subvencionan al cien por cien". "El proceso es prácticamente el mismo, la diferencia es que son los propios dueños los que llevan a cabo la agrupación y el Principado sólo se encarga de tutelar la obra y de dar los títulos de propiedad así como hacer las redes de caminos", expresa. La razón por la que esta fórmula no triunfa igual que la pública, la consejería de Desarrollo Rural cree que es por falta de confianza. Prueba de ello es que al año, sólo reciben dos o tres solicitudes. Mientras, con la concentración pública no dan abasto. De ahí, la necesidad de reforzar la plantilla y también el presupuesto.
