El Principado, a través de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), reclama el abono de varios miles de euros a cientos de familiares de personas residentes en sus centros y fallecidas hasta tres y cuatro años antes. Se trata de la deuda acumulada durante el tiempo que el dependiente permaneció ingresado en alguna de las residencias de la red pública.
La denuncia parte de la Oficina de Defensa del Anciano, que pilota Marcelino Laruelo, quien asegura que el ERA cobra por cada plaza en una de sus residencias entre 1.200 y 1.435 euros al mes.
"La mayoría de los ancianos cobran pensiones de 700 euros o menos", explicó. Así que abonan una parte, correspondiente en la mayoría de los casos al 75% de sus ingresos, y la diferencia se acumula generando "una deuda de decenas de miles de euros de la que no se informa y que el ERA, organismo opaco por excelencia, reclama a los hijos de los residentes tres años después de que éste haya fallecido".
Fuentes de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales aseguraron que "no hay nada opaco ni oculto". Explicaron que el retraso en las liquidaciones se debe a que en 2007, con la aprobación de la Ley de Dependencia, se paró su gestión a la espera de que se aprobara el decreto que regulaba el copago de servicios especializados, puesto que había incertidumbre sobre su aplicación.
El decreto entró en vigor el 1 de enero de 2011, y en junio de 2012, según las mismas fuentes, con la vuelta al Gobierno del PSOE, se retomaron las liquidaciones pendientes, y que son las que a día de hoy se siguen actualizando. La previsión es que estén resueltas y al día a finales de 2016 o principios de 2017. En todo caso, a partir de este mes se inicia la tramitación nada más que se recibe la notificación del fallecimiento.
También indicaron que el precio de la residencia para las personas reconocidas con dependencia se calcula en función de sus recursos económicos, no del coste de la plaza.
