La incorporación al sistema de dependencia de personas con grado 1 el pasado mes julio ha supuesto incrementar la lista de espera del Principado para la concesión de prestaciones en 6.300 dependientes. De éstos, 2.000 solicitudes ya han sido atendidas, que se corresponden con aquellas que ya recibían algún servicio público. El resto están pendientes de valoración, con el compromiso de que el proceso finalizará antes del 31 de diciembre. A 31 de octubre esperaban valoración 3.376 solicitantes, y el total de beneficiarios ascendían a 22.640, de los que 16.772 recibían ya prestaciones.
El Gobierno central del PP decidió en 2012 realizar varias modificaciones en la Ley de Dependencia, aprovechando para realizar varios recortes, fundamentalmente económicos pero también de modelo. Así, se pasó de seis niveles de dependencia a tres: gran dependencia, severa y moderada. Estos últimos se decidió que no podrían entrar en el sistema hasta el 1 de julio de 2015, lo que suponía un importante ahorro económico para las arcas estatales.
El Principado recibe una media de 500 solicitudes al mes para el reconocimiento de algún grado de dependencia, pero todas las previsiones se dispararon el 1 de julio, cuando finalizó la moratoria impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy y los dependientes con Grado 1 pasaron a engrosar la lista de espera, a la que se incorporaron 6.300 nuevos expedientes.
Cuatro mil para diciembre
Paula Álvarez Herrera, directora general de Gestión de Prestaciones y Recursos de la consejería de Servicios y Derechos Sociales, explicó que de ese total "unos 1.700 solicitantes ya recibían algún servicio prestado por la red pública de los servicios sociales o bien por las entidades locales, y durante los meses de julio, agosto y septiembre se puso al día su situación y pasaron ya a ser beneficiarios".
Pero quedan otras 4.300 personas con grado 1 que serán atendidas antes de fin de año. Para ello, el Principado ha puesto en marcha un programa de refuerzo de personal con la incorporación de siete empleados públicos, cuya labor será de apoyo para determinar la capacidad económica de esas personas y elaborar su programa individual de atención.
"En el caso de que se reconozca a alguna de estas personas una prestación económica, tendrá efectos retroactivos al 1 de julio, cuando entró en vigor el derecho. Con esto se quiere evitar que la espera por la resolución les pueda perjudicar, teniendo en cuenta que muchas de estas personas llevan ya esperando desde 2012", explicó Álvarez Herrera.
