El Parlamento regional se dividió ayer en dos bloques, al votar la proposición de ley presentada por el PP en la que se pedía eliminar el pago del impuesto de sucesiones y donaciones. Los partidos de izquierda, mayoritarios en la Cámara, bloquearon la propuesta, que recibió el respaldo de Foro Asturias y Ciudadanos. PSOE, Podemos e IU coincidieron en considerar que la proposición de los tribunales sólo beneficia a los más ricos, y perjudica seriamente la capacidad de las arcas públicas de afrontar gastos esenciales, como la educación, la sanidad o el gasto social.
La propuesta fue defendida por la diputada del PP Emma Ramos, que reclama una bonificación del 99 por ciento. Ramos acusó al Gobierno de cerrar los oídos a las peticiones de los asturianos, y destacó que el impuesto está entre los más altos de España.
La diputada socialista Margarita Vega replicó que el PP ya llevó la misma propuesta a la Junta en numerosas ocasiones, y que su único objetivo es "rebajar la carga fiscal de los patrimonios más abultados". La representante socialista aseguró además que el texto planteado por el PP contiene numerosas inexactitudes, "cuando no falsedades".
Gaspar Llamazares, portavoz de IU, defendió que el impuesto puede reformarse, pero manteniendo la recaudación y la progresividad. "Sólo me falta oírles decir que Asturias nos roba", señaló Llamazares. Coincidiendo con el debate en la Junta General, varias asociaciones de comerciantes del centro de Asturias hicieron público un comunicado en el que critican el impuesto asturiano, que a su juicio lastra la recuperación económica asturiana y el consumo.
El escrito, suscrito por el Gremio de Joyeros de Asturias; las Asociaciones de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Siero, Oviedo y Llanera, expresa al Gobierno y a los grupos parlamentarios regionales su "disconformidad con la existencia del elevado Impuesto de Sucesiones y Donaciones que sufre nuestra región en comparación con otras autonomías" del país.
Las asociaciones de comerciantes que firman el documento reclaman que su rechazo sea tenido en cuenta al abordar el debate presupuestario, "por el perjuicio que hace lo elevado de este impuesto en nuestra actividad". Los comerciantes consideran que el tributo regional afecta "gravemente" al desarrollo de sus negocios.
Centros de menores
Al margen del debate sobre el impuesto de sucesiones, los grupos parlamentarios de la Junta General aprobaron por unanimidad rescindir, tras pedir los informes jurídicos pertinentes, los contratos de seguridad de los centros de menores, ya que consideran que ha habido graves incumplimientos del contrato y de la legalidad laboral.
