El Ilustre Colegio de Geólogos (ICOG) a nivel nacional defendió el recurso contra el Principado y denunció las restricciones a la competencia en las ofertas de empleo público, porque en las convocatorias de Relaciones de Puesto de Trabajo (RPT) de las Administraciones Públicas "no siempre se tienen en cuenta las atribuciones profesionales legales, ni competencias derivadas de los planes de estudios de las titulaciones".