No sólo se encerrarán en señal de protesta en las instalaciones de la avenida de Galicia, sino que también se movilizarán por la calles de Oviedo y estudiarán demandar a la compañía. Se trata de las mismas acciones que llevarán a cabo los empleados de Tragsa en otras comunidades autónomas, como Castilla y León o Galicia. "La idea ahora es movernos lo máximo posible para denunciar esta injusticia. Queremos hacer ruido en los medios de comunicación y comprometer a todos los partidos políticos en esta lucha", asegura Tomás Fernández.
El encierro, que por ahora es de carácter indefinido, fue acordado ayer en una asamblea extraordinaria, celebrada en Oviedo. La medida es secundada por 25 personas, aunque el objetivo "es implicar a más trabajadores". "Estamos en una fechas un poco malas, pero en cuanto pase Reyes, confiamos en que el grupo aumente", afirma Fernández.
Según los sindicatos, la mayoría de los trabajadores despedidos tienen "entre 40 y 50 años con una media de 20 en la empresa". Además muchos son mandos intermedios, es decir coordinadores de grupo y jefes de obra. Tragsa aumentó este año a nivel nacional el número de trabajadores temporales en 1.115 personas y sin embargo, recortó en 137 la plantilla fija. La empresa cuenta con un total de 11.497 trabajadores, de los cuales 4.330 son temporales. Su actividad se centra en actuaciones medioambientales (30%), infraestructuras rurales (17%), tecnologías de la información (15%) e instalaciones agroindustriales (13%).
La compañía pública espera cerrar el ejercicio con unos beneficios totales de 3,5 millones de euros, dos millones en la matriz y 1,5 millones en la filial, Tragsatec. Es decir, el presente pinta una situación muy distinta de la que había a finales de 2013, cuando presentó el ERE que ahora ejecuta.
