La campaña de saneamiento ganadero y el despido de 18 veterinarios de la empresa Tragsatec, del grupo estatal Tragsa, que desarrollaban estas funciones en el Principado volvió a enzarzar ayer al Gobierno regional con el PP. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, acusó a los populares de hacer un ejercicio de "cinismo extremo" por proponer que sea una empresa pública regional, Serpa, la que contrate a los veterinarios afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Martínez destacó que los populares siempre han "vilipendiado" a esa empresa por formar parte del "mastodóntico" sector público regional y señala que Tragsa se comprometió en 2005 a contratar en cada campaña ganadera al mismo número de veterinarios del año anterior.
El diputado popular Luis Venta, por su parte, reprochó a la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, que trate de "engañar" a los asturianos "echando la culpa" de la situación a Tragsatec. Venta la acusó de rehuir su competencia renovando el contrato, aún sabiendo "desde octubre" que se iba a producir el ERE.
