Los exalcaldes de Cudillero Francisco González y Gabriel López no prevaricaron en el expediente que suspendió al sargento de la Policía Local, Prudencio Iván Flórez, o al menos existen "importantes dudas". Esto es lo que concluye la magistrada Olga Vara García, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, que ha absuelto a ambos exregidores. Flórez ya ha anunciado, a través de su abogado, Gabriel Giraudo, que recurrirá el fallo ante la Audiencia.

La juez Olga Vara estima que la decisión de Francisco González de expedientar al sargento fue "una medida impulsiva, desmesurada y desproporcionada, como más adelante declararían los órganos contenciosos; pero fundada en la creencia de que la solicitud de una subvención ante la Consejería de Medio Ambiente no se había presentado en plazo", hecho que atribuyó al sargento, encargado de llevar el correo municipal. Esta creencia del alcalde, añade la juez, "lleva a considerar la existencia de una duda razonable que pudo fundamentar la decisión del decreto dictado que finalmente fue corregido". Flórez adujo en el juicio, como supuesta prueba de la animadversión de González, que Medio Ambiente había remitido un escrito indicando que la solicitud de subvención fue rechazada por no reunir los requisitos, y no por estar fuera de plazo. Para la juez, ha quedado demostrado que nadie en el Ayuntamiento tuvo conocimiento de ese escrito.

En cuanto a Gabriel López, que, siendo concejal, fue quien instruyó el expediente, para la juez queda claro que no actuó a las órdenes de González, y que los términos de la resolución contra Flórez fueron elaborados por el equipo de abogados municipal

Francisco González, que se enfrentaba a nueve años de inhabilitación, se mostró satisfecho con la sentencia e indicó que seguirá peleando por su inocencia en los procesos abiertos, porque le "asiste la verdad" y confía "en la Justicia". "¿Dónde está el dolo? ¿Dónde la corrupción? En este caso y todos los demás soy inocente", indicó.

Pero González, defendido por el abogado Alberto Rodríguez-Mourullo, prosigue su vía crucis judicial. Mañana miércoles vuelve a comparecer ante un juzgado penal de Avilés, acusado (la denuncia la presentó el PP) de prevaricación por permitir supuestamente que un funcionario (Juan Luis Álvarez del Busto) cobrase sin acudir a su puesto desde 2008, a cambio de retirar una demanda laboral. González aduce que solo siguió los informes técnicos. Y el próximo 4 de febrero, el Supremo verá el recurso contra la condena de cuatro años de suspensión y 14.400 euros de multa que le impuso un tribunal del jurado por los cobros ilegales de los policías por vigilar los chiringuitos del puerto de Cudillero.