El plan especial de ordenación del Camino de Santiago en Asturias que el Gobierno regional pretende aprobar el próximo mes de septiembre incluirá un área de protección del entorno en espacios no urbanos compuesta por dos franjas de 30 metros de ancho a uno y otro lado de la ruta. En este espacio el uso del suelo será controlado por la Administración y tendrá que estar en concordancia con las características tradicionales del territorio, así como respetar los valores del Camino. En total, Asturias cuenta con unos 540 kilómetros de rutas jacobeas, repartidos en 34 concejos, de los que 62 corresponden al denominado Camino de El Salvador, unos 340 kilómetros al de la Costa y 140 más al Primitivo.
El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, presidió ayer en Oviedo una primera reunión de responsables de seis consejerías y once direcciones generales del Principado para diseñar un cronograma de trabajo que permita tener listo el plan especial para el Camino dentro de ocho meses. Aunque no desveló la inversión económica necesaria para cumplir los objetivos, Martínez avanzó que están previstas actuaciones para la mejora de las infraestructuras de apoyo al peregrino, del estado de las diferentes rutas, de la señalización de los recorridos y de los numerosos e importantes elementos patrimoniales que los jalonan.
En todo caso, la iniciativa que impulsa el Principado será consensuada con la Iglesia asturiana, las asociaciones jacobeas de la región, la Universidad de Oviedo y la Federación Asturiana de Concejos (FAC). Además, la intención del Gobierno autonómico también pasa por establecer cauces de colaboración con las comunidades del entorno y con la macrorregión europea del Noroeste peninsular, en la que también participa Portugal, según precisó Martínez.
Los Caminos de Santiago del Norte de la Península entraron en la lista de Patrimonio Mundial de la organización de la ONU para la Educación y la Cultura (Unesco) el pasado mes de julio. Además de a las de Asturias, este prestigioso reconocimiento internacional, también afecta a las rutas jacobeas a su paso por las comunidades de La Rioja, Cantabria, el País Vasco y Galicia.
