El Principado plantea revisar de oficio desde 2011 las deudas con los geriátricos

La consejera Pilar Varela pide "al menos dos meses" de plazo, pero adelanta que no habrá condonaciones ni paralizaciones

02.03.2016 | 04:09
Un momento de la reunión mantenida ayer.

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales está dispuesta a revisar de oficio las liquidaciones enviadas a los herederos de ancianos fallecidos en residencias públicas desde el año 2011, cuando entró en vigor el copago frente al contrato de hospedaje. La titular del área, Pilar Varela, se reunió ayer con los diputados encargados de Servicios Sociales del resto de partidos políticos para pedirles un plazo de "al menos dos meses", pero también advirtió de que no habrá ni condonaciones ni paralizaciones. Hacerlo supondría cometer prevaricación, pero además, pondría en riesgo la viabilidad del sistema de atención a los mayores. En todo caso, advirtió de que el compromiso se ciñe a estudiar si jurídica y económicamente es posible realizar las revisiones.

El conjunto de las fuerzas políticas se mostraron de acuerdo de que es necesario encontrar cuanto antes una solución a la polémica liquidación y cobro de las deudas acumuladas por residentes en el ERA desde su ingreso hasta su fallecimiento. Cuantías que oscilan entre los 3.000 y hasta los 70.000 euros que ahora se están reclamando a sus herederos, poniendo en algunos casos en riesgo su patrimonio al asegurar que desconocían que existiera dicho impago. Pero además, también hay acuerdo en que es necesario encontrar un modelo que haga viable el sistema.

Varela explicó tras la reunión que la Consejería analizará si es posible, jurídica y económicamente, revisar de oficio los casos desde 2011 para ver si las personas que siguieron con el contrato de hospedaje en vez de pasar al copago se vieron perjudicadas por acumular más deuda. También se estudiará si el copago puede aplicarse con retroactividad hasta el año 2007, que fue cuando se paralizaron las liquidaciones.

"El Principado no tiene interés en perjudicar a nadie, ni en recaudar algo no recaudable", afirmó. "Las residencias cuestan al año 116 millones de euros, y los usuarios aportan unos 41", advirtió.

El resto de grupos políticos no se dieron por satisfechos con la propuesta de la Consejera, y entiende que la revisión se debe hacer desde el año 2007, para que incluya los casos más conflictivos. También solicitaron la paralización de los expedientes, de tal manera que no corran los plazos y, o bien no entren en vía ejecutiva (embargo por Hacienda) o se evite que acumulen intereses. El PP criticó que Varela no compareciera en la Junta General.

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