En casa de María Josefa Martínez cuentan las horas hasta que les llegue la notificación de que tienen que hacer frente al pago de 48.000 euros al organismo de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) por los cuidados prestados a su tía entre 2009 y 2015.
"En 2009 trasladé a mi tía de un centro privado a uno del ERA ante la insistencia y, en parte presión, de los asistentes sociales. En 2011 con el cambio en la legislación me explicaron las condiciones del nuevo contrato y me dijeron que no tenía otra opción que firmar. Tuve que aceptar, porque yo no le podía dar los cuidados necesarios", recordó Martínez.
Según Martínez, en las explicaciones recibidas por los técnicos del ERA la cantidad que debería pagar la familia Martínez por los cuidados de su tía ascendería "a un total de 38.000 euros". Mis sorpresa fue que tiempo después, en una nueva consulta, me dijeron que la cifra era superior. Que teníamos que pagar 38.900 euros", clamó.
"Me siento estafada no, lo siguiente. Creo que se están riendo de nosotros y que en este país no hay justicia. Existen ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría", concluyó la afectada.
