Un tercio de los automóviles que entran en las estaciones asturianas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) sale sin pegatina a la primera. Asturias tiene los examinadores de coches más estrictos de España, de largo los más remisos a dar el aprobado en el primer examen. Según el último recuento estadístico disponible, de los 420.586 conductores que pasaron por las nueve instalaciones del Principado en 2014, 142.802 tuvieron que volver. Eso equivale a dar la vuelta a más de uno de cada tres analizados, a un 33,9 por ciento que rebasa en siete décimas el porcentaje de suspensos del año anterior y en cinco puntos a la siguiente autonomía más rigurosa en el análisis, Galicia, con su 25,9 por ciento de rechazos. La media nacional no llega al dieciocho, o a dos de cada diez.
El mapa de la severidad en la inspección encuentra cierta correlación no del todo categórica entre el nivel de rigor en la inspección y los modelos de explotación del servicio, divergentes según las regiones entre la empresa pública y la operación privada. Asturias y Andalucía, las únicas autonomías que mantienen la ITV en manos públicas, son la primera y la tercera con mayor índice de suspensos.
En el extremo opuesto figuran entre las más condescendientes casi todas las comunidades que han optado por un patrón más permisivo en cuanto a la entrada de la iniciativa privada, las que han elegido un sistema de autorización administrativa que admite a cualquier operador capaz de cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria. De las cinco que llenan este grupo, Castilla-La Mancha y La Rioja son la segunda y tercera más transigentes, con niveles de rechazo que a duras penas superan el diez por ciento, y todas ellas, salvo Aragón, se sitúan entre las diez menos exigentes.
La explicación está en la competencia. Según fuentes del sector en Asturias, allí donde varios operadores compiten por el mercado emerge la tendencia a levantar la mano para atraer clientela, una circunstancia que por las características del modelo no se da en el Principado. Más claramente apuntan las mismas fuentes que la dificultad para competir en precios, en una actividad de tarifa regulada por las administraciones autonómicas, la alternativa que queda es rivalizar en facilidades. De acuerdo con esa versión, no cabría atribuir los altos niveles de rechazo en Asturias a la antigüedad del parque móvil, que se mueve en cifras distribuidas de forma homogénea por todo el país. Tampoco sería una cuestión directamente económica, toda vez que la segunda inspección no devenga costes en la mayor parte de las autonomías siempre que se efectúe en un plazo establecido desde la primera.
El caso es que el modelo público, el que abandera Asturias y que con reiteración defiende el Gobierno regional frente a algunas presiones en dirección contraria de la oposición, determina condiciones propias en la prestación del servicio que no siempre han sido favorables para el usuario. Por un lado, las estaciones asturianas son las terceras más baratas de España.
Por otro, acumulan demoras de hasta dos meses en la cita previa como consecuencia, según argumentan al unísono la Administración y la empresa concesionaria (Itvasa), de la sujeción de ésta a las restricciones para la contratación de personal que le afectan en tanto que parte integrante del sector público autonómico.
El atasco en las ITV asturianas ha llevado a conductores a saltarse las colas optando por someterse a la inspección en estaciones de las comunidades vecinas, sobre todo las próximas al límite con Asturias en Foz (Lugo) y Unquera (Cantabria). Comparando pros y contras, aquí la cita se daba incluso esta semana en unas pocas horas, de un día para otro, y el nivel de rechazo es notablemente inferior, más en Cantabria -donde suspende el 18,8 por ciento de los vehículos presentados- que en Galicia, donde el porcentaje sube a cerca del 26, pero la inspección es en los dos casos notablemente más cara.
