Después de que la instructora del "caso Pokémon" invitase a la expresidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, a que compareciese en el Juzgado número 1 de Lugo en calidad de investigada por un presunto delito de cohecho, la exdirigente popular solicitó su personación en las actuaciones como "perjudicada". Motivaba Fernández Pardo esta petición en el hecho de "haber aparecido en diversos medios su nombre como presunta autora de un delito de cohecho".
En el escrito tildaba dicha información de "falsa", y se ponía a disposición de la Justicia "para clarificar de una vez por todas las cuestiones y actividades" que se le imputan y conocer en base a qué datos de la causa "aparecen tales informaciones" que le generan "un grave perjuicio" a su "propia imagen, honestidad y probidad". La contestación de la juez no se ha hecho esperar: "No ha lugar a lo solicitado, toda vez que su condición y posible personación en la causa sería en calidad de investigada, por un presunto delito de cohecho, y no de perjudicada, sin perjuicio del derecho que le asiste de emprender las acciones legales que considere oportunas, pero que jamás correspondería investigar en las presentes diligencias donde el objeto de la instrucción lo constituye la posible connivencia de varias autoridades y funcionarios públicos de diversas administraciones y organismos con representantes y empleados del Grupo Agbar para beneficiar a las empresas del mismo". El nombre de Fernández Pardo aparece en varios apuntes del ordenador del "conseguidor" -según Vigilancia Aduanera y la juez- de Aquagest, Joaquín Fernández, y en un anónimo remitido a la Agencia Tributaria.
