El proceso por el mayor caso de corrupción en la región

El Principado tardó cinco años en efectuar la primera auditoría del "caso Marea"

La Fiscalía abre diligencias sobre el informe de la Administración, rechazado en el juicio, que eleva el fraude a casi 9 millones de euros

07.04.2016 | 10:17
El Principado tardó cinco años en efectuar la primera auditoría del "caso Marea"

El Principado tardó cinco años en hacer la primera auditoría sobre el perjuicio económico que supuso para las arcas regionales el "caso Marea". La investigación judicial arrancó en 2010, las detenciones del consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre y su "número dos", María Jesús Otero, se produjeron en enero de 2011 pero el primer informe sobre el daño económico del supuesto fraude fue encargado por el Gobierno de Javier Fernández, después de que la Fiscalía Superior advirtiera de que los acusados podrían tener que indemnizar al Principado en un auto fechado en diciembre de 2014, según confirmó ayer el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Fernández.

El Principado puso en marcha una investigación interna sobre los gastos realizados por la consejería de Educación en los años 2009 y 2010 a raíz de la comunicación de la Fiscalía, de diciembre de 2014. El Gobierno regional inició en julio de 2015 la investigación sobre el material suministrado a 87 colegios en ese bienio, que tuvo el primer balance en diciembre pasado y el definitivo, en febrero pasado. "No hubo ninguna inactividad", defendió el consejero Martínez, de cuyas palabras se desprende que el Gobierno de Javier Fernández abrió y cerró la única auditoría sobre el "caso Marea" realizada en el Principado, una Administración gobernada desde 2010 también por el socialista Vicente Álvarez Areces (2010-2011) y el forista Francisco Álvarez-Cascos (2011-2012). Cabe recordar que el dictamen de la comisión parlamentaria sobre el caso Marea, aprobado en julio de 2013, ya recomendaba la auditoría, por parte de la Sindicatura, de las contrataciones realizadas por la consejería de Educación y la fiscalización de una veintena de contratos de actuaciones en centros educativos de la región.

El consejero de Presidencia añadió que el Principado ha llevado a la Fiscalía el informe, que cifra el fraude en 9 millones y que rechazado por el tribunal del caso Marea, para mantener viva la reclamación "ya sea en la vía penal o en la civil". Guillermo Martínez insistió en la negativa del Gobierno a llegar a un acuerdo "aunque no les guste a las defensas" y dio por hecho que el juicio "estará politizado por la estrategia de las defensas y por el interés de algunos partidos" pero, advirtió, que el Gobierno "no tolerará que se le ponga bajo sospecha por ser socialista", acerca de hechos ocurridos hace más de cinco años.

Horas después de estas palabras de Guillermo Martínez, la Fiscalía Superior comunicaba la apertura diligencias de investigación en base a la documentación remitida por la Consejería de Educación sobre presuntas irregularidades detectadas en el suministro de material a 87 centros educativos de la comunidad para favorecer a las empresas Comercial Técnica Integral (APSA) y Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo), después de que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, durante la primera sesión del juicio del "caso Marea" inadmitiera la incorporación de esta documentación al procedimiento.

Hasta el momento no se había tramitado causa penal alguna sobre los documentos, que incorporan nuevos hechos presuntamente delictivos, que afectan no solo a las citadas empresas, sino a otras no incluidas en el caso Marea. La Fiscalía no quiso admitir este informe ante el riesgo de que pudiera arrastrar la nulidad del juicio.

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