Dentro de diez días hará siete años exactos de la primera sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anulaba más de 160 nombramientos de altos funcionarios de la Administración del Principado por haber sido escogidos "a dedo". Siete años y una cascada de resoluciones similares después, el Gobierno ha comprometido para algún momento del segundo semestre de este año una reordenación integral del método de provisión de puestos mediante una convocatoria de concursos de méritos que llega forzada por los tribunales y, al decir de los colectivos denunciantes, tarde. Después de un retraso de años "sin razón objetiva" que a su juicio no ofrece motivos para el optimismo respecto a las posibilidades de que, esta vez sí, se acaben cumpliendo los plazos.
A la vista del anuncio efectuado el lunes por el director general de Función Pública, José María González Gancedo, la Administración se obliga a convocar antes de que acabe este año concursos de méritos a discreción, para adjudicar en total 851 puestos entre jefaturas de sección y servicio, letrados, asesores, coordinadores y otras plazas de alto funcionario que hasta ahora han venido siendo adjudicadas con anómala preferencia por la libre designación.
Deriva esta reorganización integral de la catarata de sentencias que desde 2009 ha cuestionado con obstinación la querencia abusiva del Principado por la libre designación, por el "dedo" en detrimento del concurso de méritos como estrategia preferente en el nombramiento de la "cúpula" del entramado administrativo, de los altos funcionarios, de los puestos de mayor relevancia en la función pública. El propósito es ahora reordenar íntegramente un modelo de selección que viene de la presidencia de Vicente Álvarez Areces y que ha sido extensamente cuestionado en fallos que anulaban nombramientos por centenares. Javier Álvarez Villa, portavoz del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, el colectivo que junto al sindicato USIPA llevó ante los tribunales los nombramientos "a dedo", dirá que la Administración se sigue retrasando en el cumplimiento de las sentencias, o que ha enquistado el problema en lugar de resolverlo. Remitiéndose a los hechos, recordando que el Principado ya aprobó en julio de 2014 una ley que modificaba el sistema de provisión de puestos y que el grueso de los concursos no se ha convocado desde entonces, Villa concluye que "no existe razón objetiva que justifique el retraso" y que los casi dos años de demora son pruebas de la "inoperancia total y absoluta" del Principado. "No conocemos ninguna Administración", abunda, "que en casi dos años no sea capaz de sacar una convocatoria general de todos los puestos vacantes".
Al recibir las sentencias, enlaza su retrato, el Ejecutivo "repitió los errores en lugar de corregirlos". Por eso ahora debe obligarse a acometer una reordenación integral de las plazas, una nueva clasificación y otra relación de puestos de trabajo completa. Por eso estamos donde estamos, concluye, porque sin concursos "la comisión de servicios, un método por definición extraordinario, tuvo que convertirse en el procedimiento normal de provisión de puestos" y ahora "prácticamente todo está ilegal".
De la lluvia de sentencias a esta parte, el Gobierno ha regularizado más de 300 jefaturas de negociado, pero ha dejado pendientes las plazas de más influencia. José Luis González, coordinador de USIPA, aguarda con cautela "a ver si la Administración pretende hacer una reorganización objetiva y real", pero advierte también de que el remedio va con "muchísimo retraso". Para cumplir el plazo "tienen tiempo de sobra, en septiembre u octubre, como máximo, debe estar todo hecho", asegura, pero promete vigilancia a riesgo de un retorno a los tribunales contra la "inacción" de la Administración". El sindicato espera además que este reajuste tenga continuidad, y que después "se convoquen concursos para cubrir vacantes cada dos años", el límite que impone la ley para las comisiones de servicio. "No tiene sentido", concluye, seguir transformando en permanente lo que ha de ser provisional.
