El Gobierno regional abonó el pasado mes de diciembre ocho millones de euros a Telefónica, obligado por la sentencia judicial que le condenó a satisfacer una deuda generada entre 1998 y 2008 y que, contando los intereses, alcanza los 14,7 millones . Según ha explicado esta mañana en la Junta el consejero de Empleo, Francisco Blanco, los 6,6 millones de los intereses generados durante los años de litigio entre la Administración autonómica y la compañía de telecomunicaciones se pagarán entre 2017 y 2018. Francisco Blanco explicó que la deuda corresponde a un contrato de servicios de voz y datos suscrito en octubre de 1998 y que se generó porque los funcionarios del Principado estimaron que las facturas de la revisión anual no estaban justificadas, por lo que se paralizó su pago. Esta circunstancia derivó en un proceso judicial del que, finalmente, salió ganadora Telefónica. Lorena Gil, diputada de Podemos que interpeló a Blanco sobre este asunto, criticó la falta de controles y achacó a la "irresponsable" decisión del dejar de pagar la deuda inicial la creación de los multimillonarios intereses.