El Principado impedirá por ley que sus altos cargos cobren dietas de representación

La prohibición estará contemplada en la ley de Transparencia y Buen Gobierno que el Ejecutivo prevé aprobar en la segunda mitad del año

25.06.2016 | 06:22

El Gobierno regional impedirá por ley el cobro de dietas a sus altos cargos. En la actualidad, los miembros del Ejecutivo ya no cobran retribuciones por su asistencia a consejos de administración y órganos en los que representan al Principado, pero el Ejecutivo quiere establecer esa prohibición mediante normativa legal en la ley de Transparencia y Buen Gobierno que está en tramitación y que prevé aprobar en la segunda mitad de este año. Podemos denunció días atrás que el Gobierno de Álvarez Areces había destinado al menos 10 millones de euros al pago de dietas en sus 12 años al frente del Principado, a lo que el expresidente respondió que emprendería acciones legales contra la formación morada.

La prohibición afectaría a consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos y asesores, como consecuencia de su nombramiento para órganos de entidades, entes o empresas del sector público autonómico. El anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno ya salió a información pública en marzo. El Ejecutivo está a la espera de que el Consejo Consultivo dé su visto bueno al articulado antes de aprobarlo de manera definitiva para remitirlo a la Junta General.

En la ley de medidas retributivas, aprobada la pasada semana por el parlamento asturiano, ya se incluyó una disposición adicional, a petición del PP, para que los miembros del Gobierno y los altos cargos no puedan percibir indemnización por asistencia a reuniones de comisiones, juntas, consejos de administración o a cualquier órgano de gobierno de organismos públicos de cualquier Administración.

Podemos ha denunciado en esta campaña electoral "el descontrol" de las dietas que hubo en la etapa de Vicente Álvarez Areces. El número dos de Unidos Podemos al Congreso, Segundo González, afirmó que no hubo un control exhaustivo sobre esos pagos, al tiempo que reclamó una reforma en la administración regional para acabar con "los privilegios".

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