Los servicios jurídicos de la Junta General dejan fuera de juego la ley que el grupo parlamentario de Podemos quiere impulsar acerca de las liquidaciones que reciben los familiares de fallecidos en los geriátricos públicos del ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias). El informe del letrado mayor de la cámara, Alberto Arce, cuestiona los puntos esenciales de la proposición de ley -expresados en términos que para el fin que pretende "no son jurídicamente adecuados"- con reparos muy severos. La ve poco clara y entiende que invade competencias de otras administraciones. Medios parlamentarios creen que, a la vista del análisis jurídico, la proposición de ley de Podemos debería quedar automáticamente suspendida.
El pasado 10 de marzo, Podemos registró una iniciativa que aspira a tener rango de ley y que plantea suspender las reclamaciones que el Principado ha efectuado a familiares de fallecidos en geriátricos públicos. Estas cantidades, en algunos casos, llegan incluso a los 90.000 euros. Podemos reclama en su ley, ya en fase de tramitación, que se efectúe una auditoría para comprobar si en las liquidaciones se aplicó "el régimen más beneficioso para el usuario". Sostiene Podemos que debería aplicarse retroactivamente a aquellas personas con dependencia reconocida la fórmula de copago establecida en 2010, frente a la del contrato de hospedaje que se estableció en 1998.
Así, la proposición de ley del grupo parlamentario de Podemos planteaba tres actuaciones: primero, una auditoría para revisar los cálculos por los que se efectuaron las liquidaciones; segundo "la revisión de oficio" de todos los expedientes de reclamación que ya han sido abonados y devolver el dinero que podría habérseles cobrado de más sin tener en cuenta la retroactividad del copago establecido por la dependencia, y, por último, que se suspendan de forma cautelar todas las liquidaciones tramitadas.
Los servicios jurídicos del Parlamento comienzan ya criticando la "demasiado sucinta" exposición de motivos (que el propio informe del letrado mayor termina por clarificar él mismo). Pero el reparo más profundo se pone, justamente, a las tres actuaciones que Podemos pretende establecer por medio de una ley.
Así, el informe recalca que el concepto de qué es "el régimen más beneficioso para el usuario", no está definido. Pero el reparo más grave es el que se refiere al hecho de que la revisión de oficio tiene una regulación específica que no ampara el caso que plantea Podemos y, además, es competencia exclusiva de la Administración del Estado. Por tanto, prosigue el informe, convertir en obligatoria la revisión de los expedientes entraría en colisión con la norma regulada por el Estado.
La proposición de ley, escueta y muy específica, queda anulada al cuestionar el informe sus argumentos esenciales, sostienen fuentes parlamentarias.
