Los planes locales de empleo buscarán la salida de su laberinto jurídico enfilando un cambio de "espíritu". Para esquivar las denuncias de los beneficiarios que castigan a los ayuntamientos con cuantiosas indemnizaciones, para remediar la "inseguridad jurídica" que ya ha llevado a tres municipios a renunciar a las subvenciones, los concejos, el Principado, la patronal y los sindicatos dieron ayer oficialidad a su intención pactada de transformarlos para que sean "una estrategia de reinserción laboral más que un plan de empleo en sentido estricto", un mecanismo que pretende un rendimiento "social" más que un rédito económico y que espera sortear así los tribunales.
Esta salida, que en versión teórica formuló ayer de este modo el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Ignacio García Palacios, se sustancia en la práctica, precisa la directora del Servicio Público de Empleo del Principado (SEPEPA), Luisa Pérez, en que los participantes no sólo van a trabajar. Combinarán su trabajo al servicio de las corporaciones locales con la orientación laboral que les prestará el Principado, de la que tendrán "tantas sesiones como necesiten" al terminar su año de actividad laboral activa.
En esencia, los beneficiarios de las subvenciones empezarán trabajando seis meses en los ayuntamientos, del séptimo al duodécimo combinarán el trabajo con unas "medidas de orientación" impartidas por el Principado que a partir del año, una vez finalizada la labor, se prolongarán cuanto sea necesario dentro de "un itinerario personalizado de empleo" sin límite de tiempo, precisa Luisa Pérez, y adaptado a las "expectativas, intereses y capacidad de cada beneficiario". Al decir del presidente de la FACC, la salida acordada "parece bastante sólida desde un punto de vista jurídico" y en una dirección disuasoria.
Para septiembre
A sus promotores les parece difícil, en concreto, que pueda prosperar una denuncia contra "algo que ya no es un plan de empleo, sino una reinserción laboral". De entrada, es ésta la propuesta consensuada para un programa que en total comprometerá casi diez millones de euros entre este año y el próximo y cuya convocatoria definitiva se espera para septiembre.
Una sentencia favorable al Ayuntamiento de Gozón, prácticamente la única dentro de una extensa cadena de condenas a las corporaciones locales, quitó la razón a los denunciantes poniendo el acento en la vocación social de los planes de empleo y abrió los ojos a los responsables del programa. Como el problema es exclusivo de Asturias, porque sólo aquí se han presentado denuncias, la solución también es insólita en España. Se trata de dotar al programa de "unos apellidos tan marcadamente sociales que harán muy difícil la denuncia y la sentencia condenatoria", subrayó ayer el presidente de la FACC tras reunirse con los representantes del Principado, los sindicatos y la Federación Asturiana de Empresarios. A la vista de las renuncias de Mieres, Langreo y Avilés precisó, eso sí, que el respeto a la autonomía local invita a no garantizar que todos los ayuntamientos abrazarán esta salida. "Como alcalde de Navia, yo entraré", asegura, "pero a lo mejor otros no lo ven igual". Hay que hilar fino: la factura rebasa los diez millones de euros en indemnizaciones, de ellos tres en Gijón, según desveló ayer Palacios.
No entra el remedio propuesto a modificar el tipo de contrato. En ausencia de aquel modelo "de inserción laboral", que en su día suprimió el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que se adaptaba a estos programas y que ayer volvió a añorar García Palacios, las nuevas condiciones mantienen el contrato por obra y servicios que ha motivado la mayor parte de las denuncias. La única innovación en este aspecto es la ya anunciada sobre el requisito de que cada corporación acompañe a la solicitud de la ayuda "una programación concreta de los trabajos, de las obras y servicios que se van a acometer". A la vista de que las sentencias cuestionaron que los planes de empleo se destinaran a obras "estructurales" de los ayuntamientos o incluso a cubrir vacantes, Palacios mantiene alguna duda en el aire: "Es muy difícil determinar qué pertenece y qué no a la estructura de los ayuntamientos".
El caso es que el nuevo "enfoque social" complace también a los sindicatos. Los secretarios generales de UGT y CCOO, Javier Fernández Lanero y Antonio Pino, respectivamente, asienten porque lo acordado "está en la línea de lo que marca la concertación social".
