El Consejo Consultivo ha dado luz verde para que el Principado revise los expedientes de 2.791 personas fallecidas en centros residenciales del ERA entre 2007 y 2011 y liquide a sus herederos el abono de su estancia aplicando la ley de la Dependencia, en teoría más favorable económicamente para los usuarios. Esta medida puede suponer que el Principado tenga que devolver dinero a algunos de los afectados a los que pese a tener reconocida la dependencia, no se le había aplicado los beneficios económicos de la fórmula del copago.
El problema con las liquidaciones a los usuarios del ERA surgió con la aplicación de la Ley de la Dependencia, que se aprobó en 2007 pero el decreto del copago de servicios no entró en vigor hasta 2011. Durante todo ese tiempo, el Principado no giró las facturas a la espera de ver en qué se traducían los beneficios del nuevo sistema. Pero una vez publicado, el decreto no tenía carácter retroactivo, lo que implicó que no se le pudiera aplicar a todas las personas que tenían reconocida la dependencia pero que habían fallecido antes del 1 de enero de 2011.
A esto se sumó que el decreto establecía que los usuarios que tenían reconocida la dependencia podían optar por el sistema que consideraran más beneficioso para ellos, es decir, el nuevo copago o la antigua modalidad del contrato de hospedaje. Muchos optaron por continuar con éste último, al entender que así disfrutaban de mayor liquidez.
Todas estas situaciones coincidentes conllevaran que el Principado empezara a liquidar a las familias de los fallecidos en sus residencias varios años después de que éstos fallecieran, con facturas que en muchos casos suponían el abono de miles de euros.
Ante las múltiples protestas y denuncias, el Principado propuso aplicar el copago de la Ley de la Dependencia con carácter retroactivo para todas las personas que tuvieran reconocida la Ley de Dependencia. Surgieron entonces dos problemas de carácter legal en el caso de las personas fallecidas. Uno es que el Ente de Servicios Tributarios debía facilitar los datos. Y el otro, que al haber un decreto que no permitía la retroactividad, era necesario buscar soluciones jurídicas para poder aplicarla.
El Principado solicitó un informe jurídico al Consejo Consultivo, que acaba de dictaminar su conformidad con la revisión de las liquidaciones con carácter retroactivo, aunque desaconseja la fórmula legal de la revocación. En su lugar, el organismo que preside Bernardo Fernández propone modificar el decreto del año 2010 en el que se regulan los precios públicos correspondientes a determinados servicios especializados, "y otorgarle eficacia retroactiva" en lo referido a la prestación de residencia.
